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Para Javier Hidalgo, detective privado con más de veinticuatro años de investigaciones a cuestas, su profesión está "del lado de los buenos", por más que el "desconocimiento entre la sociedad" y las declaraciones "oportunistas" de algunos políticos hayan cuestionado su utilidad y, sobre todo, sus límites.
En su mente está la reciente polémica por el informe -finalmente retirado por el abogado que lo propuso como prueba- sobre la actividad en redes sociales de la joven presuntamente violada por cinco hombres durante las fiestas de San Fermín, cuyo juicio está previsto que concluya esta semana. "Esto hace daño a la profesión", reconoce Hidalgo a Efe, porque se genera una "desconfianza" en la sociedad, aunque "comprensible" debido a la desinformación sobre la "férrea" legislación a la que se somete al colectivo de detectives privados en España.
La situación de estos trabajadores, que han aprendido a convivir bajo el foco, y las últimas polémicas judiciales, llegaron incluso a centrar el debate esta semana del Senado, donde Podemos presentó una moción para impulsar al Gobierno a que ponga coto a la investigación privada. "No somos un bulto sospechoso o unos personajes incómodos, somos un recurso útil, legal, que ofrece todas las garantías y, en ningún caso, enemigos de las personas a las que investigamos", defiende Hidalgo.
También lamenta que el contenido de estos informes elaborados por detectives hayan visto la luz, porque "debería ser secreto, que se quedase en la privacidad de un proceso", si bien recuerda que "todo lo que no interesa a un detective, va al cajón del olvido y nadie se entera". Precisamente estos problemas que sufre el colectivo se pusieron en común durante el congreso anual de la Asociación Profesional de Detectives Privados de España, celebrado esta semana en Madrid.
En este congreso, que se inició con unas condolencias por la reciente muerte del fiscal general del Estado José Manuel Maza, se incidió en la falta de regulación específica de la profesión, por un reglamento que no termina de ver la luz, y en el intrusismo laboral de personas que asumen investigaciones sin estar acreditadas. Participaron magistrados, catedráticos de Derecho Constitucional y el inspector jefe de la Unidad Central de Seguridad Privada de la Policía Nacional, Enrique Carrera, quien alabó la función de los detectives como "complemento" a la investigación de determinados delitos y criticó el intrusismo que se vive la profesión.
El inspector explicó que existe "una sección en la Policía Judicial que ha detenido a más de 19 personas por intrusismo", un mal que perjudica a los detectives privados que deben cumplir una serie de requisitos como poseer una Tarjeta de Identidad Profesional (TIP) expedida por el Ministerio del Interior. Asimismo, recriminan que la reforma legal de 2014, en la que se modificó la ley de Seguridad Privada -un cajón de sastre donde se regulan todos los colectivos encargados de la seguridad fuera del ámbito público-, asfixió el trabajo de los detectives privados, que encontraron más obstáculos para ejercer su trabajo.
"Lo que podemos hacer con la nueva ley es lo mismo que podíamos hacer con la de 1992 y a cambio tenemos una serie de requisitos, trámites, obligaciones...", reprochó durante su intervención David Sanmartín, director de un despacho de detectives privados. El colectivo reclama que se le dé la importancia que merece al sector y que se regule el acceso a determinados datos de utilidad para la labor del detective privado.
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