La Comunidad de Madrid dice que no puede hacer nada al tratarse de "un conflicto laboral de orden interno"
A noviembre ya se la han caído 27 páginas del calendario y Pedro Rodríguez todavía no ha cobrado su nómina de octubre. Trabaja como vigilante del Metro de Madrid y desde hace más de una semana se planta a diario en la estación de Sol para, pancarta en mano, denunciar su situación y la de "otros muchos compañeros" que tampoco han recibido su sueldo a tiempo.
El pasado 10 de noviembre un tercio de la plantilla de este servicio subcontratado por el Gobierno regional inició una huelga indefinida por los "constantes retrasos" en el cobro de su salario. Se trata de los 550 empleados de Seguridad Integral Canarias (SIC), una de las tres adjudicatarias que se encargan de la protección de los viajeros en el suburbano. Pedro Rodríguez es uno de ellos y, tras 27 años de experiencia como vigilante "sin ningún problema hasta que llegó esta compañía hace cuatro años", le cuenta a quien se pare a escucharle que a estas alturas del mes puede comer porque le pide dinero a su hermano. "He visto a compañeras con niños llorando de impotencia... Esto es muy duro", explica agarrándose con rabia a su pancarta.
Los paros apenas tienen incidencia porque, como denuncian en Ates, uno de los sindicatos convocantes, "los servicios mínimos cercanos al 100% fijados por la Delegación del Gobierno con la excusa del nivel de alerta 4 son completamente abusivos". José Ángel Sánchez, portavoz de la organización y miembro del comité de empresa, acusa también al equipo de Cristina Cifuentes de no hacer nada por solucionar el conflicto cuando, "si subcontratas, como mínimo tienes que tener una responsabilidad civil subsidiaria con tu subcontratado". El contrato con SIC y con las otras dos adjudicatarias de la seguridad -Segurisa y Ombuds- terminó el pasado 31 de julio, pero Metro acordó una prórroga con ellas mientras tramitaba el nuevo pliego de condiciones del servicio. La licitación, publicada este mes, tendrá un presupuesto de 185,7 millones de euros con una duración de cuatro años y estará dividida en cinco lotes: 1 (líneas 10 y 12), 2 (líneas 2, 5 y 8), 3 (líneas 7 y 9), 4 (líneas 1, 6 y 11) y 5 (líneas 3, 4 y Metro Ligero 1).
"Lo que ha acordado el Consejo de Gobierno es garantizar que se cumpla el convenio colectivo nacional, que es una de las grandes reivindicaciones que tenían los sindicatos del sector para evitar que hubiera sueldos que no estaban ni de lejos cerca de lo que razonablemente se cree que tiene que cobrar un trabajador", ha explicado este martes el portavoz del Ejecutivo regional, Ángel Garrido, respecto al nuevo contrato de vigilantes de seguridad en el suburbano que se esta tramitando. Respecto al contrato que está en vigor, el también consejero de Presidencia ha dicho que el hecho de que una compañía subcontratada no pague a sus empleados, es "un conflicto laboral de orden interno" y que es "difícil" que la Administración pueda actuar. A su juicio, "sólo si contempla que una empresa está incumpliendo" con alguna condiciones fijadas para la prestación del servicio podría "ser sancionada".
En la Consejería de Transportes han explicado posteriormente que se está"tratando de acelerar" la adjudicación del nuevo contrato para que "entre en vigor cuanto antes", sin precisar la fecha. Mientras tanto, un tercio de la plantilla de los vigilantes de seguridad del Metro seguirá trabajando para SIC, con quien aseguran que han tenido problemas "desde el principio". Este periódico se ha puesto en contacto con la compañía canaria, propiedad del presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, para preguntarle por el retraso en el pago, pero nadie ha respondido la llamada.
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