Podemos exige al estado que deje de "poner en riesgo la seguridad de tilda la sociedad" al contratar empresas piratas
Alberto Rodríguez, diputado de Unidos Podemos–En Comú Podem–En Marea por la provincia de Santa Cruz de Tenerife, ha exigido al Gobierno del Estado que preside Mariano Rajoy que deje de “poner en riesgo la seguridad de toda la sociedad” al contratar “’empresas piratas’ de seguridad privada que van más allá de la reforma laboral e incumplen sistemáticamente el convenio colectivo y sus obligaciones con Hacienda y la Seguridad Social”.
“Acabemos con esta vergüenza de una vez, que para eso estamos aquí”, afirmó el diputado de la formación morada tras recordar que “muchas” de estas empresas están en manos de Miguel Ángel Ramírez, amiguísimo del ex ministro José Manuel Soria”, que tuvo que dimitir tras mentir sobre su vinculación con sociedades ‘offshore’ en paraísos fiscales cuando era alcalde de Las Palmas de Gran Canaria. Rodríguez ha echado en cara al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, durante la sesión de control al Gobierno celebrada este miércoles en el Congreso de los Diputados, “que las propias administraciones públicas, incluido el Ministerio de Empleo, firmen contratos públicos con estas empresas con un coste muy inferior al ofertado inicialmente”.
Merma de seguridad en ‘Alerta 4’ Y es que tanto ministerios, como edificios públicos de todo tipo, oficinas de empleo, instalaciones de Defensa, transportes, “quizás Metro de Madrid es el ejemplo más conocido”, sufren una “merma evidente en su seguridad merced a la precaria situación laboral de los profesionales del sector, que hacen su trabajo en las peores condiciones posibles”. Para el diputado, al contratar con este tipo de empresas, “no solo empujamos a la baja las condiciones laborales en todo el sector, sino que además ponemos en riesgo la seguridad de toda la sociedad”.
Aplicar la Ley de Contratos Públicos “Pero lo que es peor aún, casi sadismo diría yo teniendo en cuenta el dinero público que manejan a manos llenas, es que en muchas ocasiones ni siquiera pagan el salario a la plantilla y las trabajadoras y trabajadores se ven obligados a recurrir a organizaciones humanitarias para poder comer”, ha asegurado el diputado de la formación morada.
El diputado por la circunscripción tinerfeña reconoció que “es difícil actuar sobre contratos ya firmados y fiscalizar una lacra que se extiende a todos los niveles”, pero puso el ejemplo del Ayuntamiento de Barcelona, que “suspendió el contrato con Marsegur por dejadez de funciones”, instando al Gobierno de España a aplicar el artículo 211 de la Ley de Contratos Públicos, enmendado por Podemos, en el que se asegura que es causa de resolución del contrato “el impago, durante la ejecución del contrato, de los salarios por parte del contratista a los trabajadores que estuvieran participando en la misma, o el incumplimiento de las condiciones establecidas en los convenios colectivos en vigor para estos trabajadores también durante la ejecución del contrato”.
“Ya lo dije antes, sé que es difícil actuar en estas circunstancias, pero mucho más difícil, muchísimo más, es trabajar mañana, tarde y noche y ver como no tienes para pagar la hipoteca, la factura de la luz o la comida de tus hijos. Más difícil es trabajar en las peores condiciones y encima comprobar que se ríen de ti y no te pagan ni el mísero salario que te asignaron”, concluyó.
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