Vigilantes de Metro y EMT se han concentrado este miércoles frente a la Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid para defender sus empleos al encontrarse la empresa concesionaria en concurso de acreedores, y han advertido de que a partir de abril ambos servicios podrían quedarse sin seguridad. La empresa Ombuds se encuentra en un proceso concursal desde julio de 2019, el cual debido a la inviabilidad de la empresa ha derivado en el cierre de la actividad y en un expediente de liquidación a través del juzgado mercantil, que se encuentra en proceso de negociación y que afecta a unos 1.500 trabajadores en el ámbito estatal, de los cuáles 500 prestan sus servicios en estos centros de transporte público.
En declaraciones a Europa Press, el responsable de Seguridad y Servicios de UGT de Madrid, Ángel García Marco, ha recordado que el 30 de abril podrían irse a la calle los vigilantes, y Metro y EMT podrían quedarse sin seguridad, porque Ombuds finaliza el servicio, y si este no se ha adjudicado a otra empresa. Según ha indicado García Marco, la nueva empresa adjudicataria debería hacerse cargo de la deuda de la empresa, que en el caso de Metro podría ascender a entre dos y tres millones de euros. El portavoz de UGT ha constatado la imposibilidad de convocar un concurso público a falta de la cuantía de la deuda, y ha indicado que la única posibilidad sería hacerlo por procedimiento de emergencia con la empresa que decidan los responsables.
Asimismo, ha recordado que en el caso de las prisiones de Madrid, Castilla y León y Extremadura, también gestionadas por Ombuds, el concurso público quedó desierto, por lo que finalmente se ha encargado de la vigilancia la Guardia Civil. De hecho, ha asegurado que la Comunidad de Madrid ya se ha dirigido a la Delegación de Gobierno para preguntar qué pasaría si llegado el día no hay seguridad contratas, tratándose de "infraestructura crítica".
Por su parte, CCOO de Construcción y Servicios de Madrid insta a Metro y a EMT a que con carácter de urgencia se proceda al cambio de empresa y se subrogue a todos los trabajadores, con el fin de mantener los puestos de trabajo, y que no se especule con el resultado del expediente de regulación de empleo ni se demore en el tiempo la adjudicación del servicio de seguridad, de forma que pueda suponer un incremento de la inseguridad para los usuarios y usuarias del transporte público, una infraestructura critica que es utilizada por miles de personas cada día. También advierte de que estarán vigilantes de que los nuevos concursos y contratos de seguridad se conformen de acuerdo a la nueva ley de contratación pública, con el fin de que se saquen concursos que garanticen la estabilidad y las condiciones laborales de las plantillas actuales.
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