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Persisten las dudas sobre la aplicación de la norma, pero las visitas de inspectores a los centros de trabajo han acelerado su cumplimiento.
Las empresas se han puesto las pilas con el registro de la jornada de sus trabajadores. ¿El motivo? Desde el pasado mes de mayo es obligatorio y la Inspección de Trabajo se ha encargado de recordarlo 'in situ' en los centros que ha visitado durante este tiempo. Hay que tener en cuenta que, ante el rechazo de una parte importante del sector empresarial, en un principio se concedió una especie de moratoria para negociar e implementar los sistemas de contabilización de las horas trabajadas que en cada caso particular se considerasen más oportunos. Pero, una vez agotado el periodo de gracia, los empresarios se exponen a multas de hasta 6.250 euros y están haciendo lo posible por evitarlas.
Aunque persisten muchas dudas sobre su aplicación –el concepto de tiempo efectivo de trabajo no termina de definirse– la sensación entre los inspectores es que las compañías y los trabajadores están cumpliendo, en líneas generales, la normativa que aprobó el Gobierno de Pedro Sánchez en la batería de medidas incluidas en el Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo, y que entró en vigor el pasado 12 de mayo.
La presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo, Ana Ercoreca, confirma a La Información que las inspecciones en activo que se están llevando a cabo en estos meses están aflorando buenos resultados. "Tanto en los controles de empleo que hacemos por iniciativa propia como en las campañas de contratos temporales y a tiempo parcial vemos que las empresas están cumpliendo con el registro de jornada", comenta. Explica también que "la mayoría cuentan con un registro en papel, mientras otras lo tienen en formato digital, a través de sistemas de fichaje como la huella dactilar o la tarjeta", pero en definitiva "estamos comprobando el cumplimiento de la norma".
La opacidad de la Dirección General del Organismo Estatal a la hora de aportar resultados sobre las inspecciones que se van realizando en el día a día complica una valoración más precisa. Hay que tener en cuenta que los datos de toda la actividad desarrollada por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social se plasmarán en la memoria anual, y es entonces cuando el Ministerio que dirige Magdalena Valerio hará balance. En estos momentos, el último informe anual disponible es del año 2017.
Por el momento, los inspectores no tienen constancia de que se hayan iniciado expedientes sancionadores en este sentido. Sí recurrieron a la vía del requerimiento en un primer momento, debido sobre todo a la gran incertidumbre que generó la norma. "Las empresas llamaban a la Inspección para preguntar cómo se tenía que hacer", recuerda Ercoreca. Prueba de ello es que con posterioridad a su aprobación y entrada en vigor el Ministerio de Trabajo tuvo que editar y publicar una guía práctica de aplicación, y después llegó también el criterio técnico de la Inspección.
Uno de los grandes problemas pasa por determinar qué se entiende por tiempo de trabajo efectivo. En términos generales, la guía y la instrucción consideran que se debe registrar toda la jornada del trabajador, pero se pueden descontar los tiempos de descanso (para tomar un café o para fumar un cigarro) a no ser que se consideren tiempo de trabajo efectivo por el convenio. "Ahí está la conflictividad laboral y la pugna entre empresario y trabajador por la duración máxima de la jornada", considera Ercoreca, para quien lo ideal sería que estas dudas las despejara un reglamento, y no un pronunciamiento judicial.
Por todo esto, y aunque la medida fue bien acogida en la Inspección, que venía reclamando desde hace tiempo un registro para acabar con los 6,7 millones de horas extra que no se pagan ni cotizan a la Seguridad Social, Ercoreca considera necesario que exista "más precisión" en la norma y se acompañe de un desarrollo reglamentario que termine de definir el concepto de "tiempo de trabajo efectivo". Con todo, cree que las empresas ya han tenido tiempo de sobra para adaptarse a la nueva norma y "ya no hay excusa" para que no cuenten con el registro. De lo contrario, se exponen a multas de entre 626 y 6.250 euros.
Reunión con Valerio
Estos y otros asuntos serán tratados en el encuentro que tienen este martes, 15 de octubre, los representantes de los inspectores con la ministra Valerio. Pero el objeto de la reunión es otro. Además del registro de jornada, el Gobierno socialista ha puesto en marcha una serie de planes de choque para vigilar el cumplimiento de las empresas en materias como el salario mínimo, la contratación temporal o los 'riders'. Una sobrecarga de trabajo que ha desatado la rebelión en un colectivo que viene sufriendo la escasez de medios materiales y personales desde hace años. Los sindicatos y las organizaciones profesionales han dicho "basta" y se han plantado ante la ministra, que les recibirá la próxima semana para intentar apaciguar los ánimos y dar respuesta a sus exigencias.
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