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La compañía de seguridad privada ha ganado la batalla judicial contra las entidades bancarias certificando que no tuvieron razón al retirarle las líneas de factoring. Más de 3.000 empleados penden de un hilo.
Llega el momento decisivo para la empresa de seguridad privada Ombuds, en concurso de acreedores desde finales de julio. Los últimos días han visto varias novedades en la compañía. En primer lugar, los tribunales le dan la razón frente a los bancos (un pool donde están Bankia, Santander y otros) que les retiraron la línea de financiación del ‘factoring’, al certificar que su retirada no fue justificada. Pero esta situación no puede revertir el concurso de acreedores al que la empresa se vio abocada tras esta operación bancaria. En segundo lugar, los gestores de la comopañía apuntan a dos únicas vías: la venta como unidad productiva entera a un tercer actor (ya hay varias ofertas, según aseguran) o la liquidación total.
El juzgado da hasta el 2 de diciembre para presentar el plan de viabilidad de la empresa. La compañía de seguridad dirigida anteriormente por Rodrigo Cortina -que abandonó recientemente la empresa- ha visto como su facturación se ha visto reducida después del concurso y sus empleados han pasado de 8.000 a aproximadamente 3.000. Carrefour y TVE fueron dos de sus principales clientes perdidos aunque la compañía intenta reclamar judicialmente la vuelta de los mismos. Según sus asesores legales, la forma en que se produjo la rescisión del contrato no se atiene a la legalidad para una empresa en concurso. Por otra parte, la empresa perderá a mediados de noviembre uno de sus contratos más importantes en Metro de Madrid, que también mermarán sus ingresos.
Los gestores tienen claro que Ombuds es viable pero la empresa tiene hasta el 2 de diciembre para presentar su plan de viabilidad Pero la intención de Carlos Bañuelos, gestor temporal de la compañía, y del administrador judicial es poder vender Ombuds algunos de los grupos que se han mostrado interesados. Ombuds ya estuvo a punto de venderse a un conglomerado americano de seguridad días antes de que cayera en concurso de acreedores durante este verano.
Reunión clave Este martes se produjo una reunión vital para la empresa donde estuvieron presentes sindicatos, el administrador concursal -el bufete Baker Tilly-, los abogados y responsables jurídicos de Ombuds y el CEO del grupo, Carlos Bañuelos. En esta reunión se dejó claro que la empresa es viable pero que tiene dos meses por delante (lo que queda de octubre, noviembre y diciembre) para que su futuro se resuelva en una venta o una liquidación. La empresa tiene actualmente deudas con clientes -por no funcionar su línea de ‘factoring’ de unos 7 millones de euros, que se suman a las sanciones de clientes por incumplir sus contratos. A estos se suman los impagos con la Seguridad Social y la Agencia Tributaria, que ascienden a 29 millones de euros. Tampoco está al corriente de pago de la seguridad social de los trabajadores. En la negociaciones con posibles compradores, cuyo nombre no ha trascendido, se está valorando la posibilidad de que los que adquieran la sociedad puedan evitar la deuda con las instituciones públicas.
Nóminas hasta noviembre Además, el grupo tiene actualmente la posibilidad de pagar los sueldos de los empleados solo hasta noviembre, indican fuentes conocedoras de la situación. Las ventas actuales del grupo, que llegó a ser el tercero de España en seguridad privada tras Prosegur y Securitas, son ahora mismo de 85 millones de euros, cuando anteriormente a la intervención judicial rondaban los 200 millones de euros. Debido a estas ventas y a la reducción de costes, desde la gestión de la empresa se piensa que es viable, lo cual la hace atractiva para otros grupos.
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