Tanto la Jefatura Superior de Policía como la Generalitat Valenciana han movido ficha con rapidez para mejorar la seguridad en las celdas de la Ciudad de la Justicia después de la fuga que protagonizó el lunes un preso de Picassent que acababa de ser condenado por tráfico de drogas y conducción sin permiso.
El jefe superior, Jorge Zurita, y la consellera de Justicia e Interior, Gabriela Bravo, mantendrán un encuentro privado esta semana para analizar lo sucedido y estudiar medidas concretas. Un fallo puntual en la vigilancia de los agentes de la Policía Nacional que encargados de la custodia de presos en la Ciudad de la Justicia fue el motivo esencial de la fuga de Pablo Antonio R. R. El reo se largó de la sede judicial por la entrada principal gracias a un cordón de zapatilla con el que manipuló la cerradura de su celda hasta abrirla. El resto fue cuestión de caminar hasta la salida con discreción antes de que se detectara su ausencia.
Según indicaron fuentes de la Administración, «la función de custodia de los presos que acuden a los juicios o a otras comparecencias es de la Policía Nacional». La Guardia Civil se encarga de los traslados y también de los accesos y control de las cámaras junto a empleados de seguridad privada. Como aseguraron fuentes próximas a la investigación, fue un simple descuido de los policías lo que hizo que las hábiles maniobras de Pablo Antonio con su cordón pasaran desapercibidas. La Policía Nacional ha aconsejado un refuerzo en la seguridad de los cierres de las celdas.
Según Justicia, los sistemas de videovigilancia del edificio funcionaron a la perfección. El problema fue el tiempo en que los agentes tardaron en detectar la ausencia. Transcurrieron menos de cinco minutos, pero fue suficiente para plantarse en la calle antes del blindaje del edificio judicial para impedir su huida.
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