Represento a CSOI , la central sindical mayoritaria en la empresa Alcor Seguridad, y no tiene esta carta otro objetivo que la defensa de nuestros afiliados y, en general, de los vigilantes de seguridad de estos servicios. Por ello, debemos salir al paso de las afirmaciones, casi calumniosas, sobre nuestro comportamiento en el servicio de los centros de internamiento educativo para menores infractores (ciemis). En primer lugar hay que señalar que no es interés nuestro opinar ni cuestionar las decisiones del Gobierno de Canarias sobre la continuidad de la empresa Alcor en estos servicios.
Además es un tema que para nosotros, como central sindical, carece de importancia práctica. La propia empresa Alcor nos transmitió hace meses su decisión, comunicada al Gobierno de Canarias, de no optar en ningún caso a la prórroga del contrato y terminar el mismo al finalizar el plazo pactado, lo que se produce el mes que viene. Y de esta decisión se nos informó muchísimo antes de que hubiera actuación alguna del Gobierno para retirar a esta empresa del servicio, por lo que es más que discutible que esta decisión, adoptada al final del plazo de ejecución del contrato, tenga efecto alguno sobre la prestación. Pero lo que no se puede tolerar es que altos funcionarios del Gobierno descalifiquen nuestro trabajo a lo largo de dos años, los que ha durado la presencia de la empresa Alcor en el servicio. Las manifestaciones contenidas en la noticia, y que son puestas en boca de la directora general de Protección a la Infancia, son un ejemplo de desconocimiento de la realidad de nuestro trabajo y de falta de información veraz sobre las incidencias realmente acaecidas en estos centros, pocas afortunadamente, pero alguna muy grave.
Además es un tema que para nosotros, como central sindical, carece de importancia práctica. La propia empresa Alcor nos transmitió hace meses su decisión, comunicada al Gobierno de Canarias, de no optar en ningún caso a la prórroga del contrato y terminar el mismo al finalizar el plazo pactado, lo que se produce el mes que viene. Y de esta decisión se nos informó muchísimo antes de que hubiera actuación alguna del Gobierno para retirar a esta empresa del servicio, por lo que es más que discutible que esta decisión, adoptada al final del plazo de ejecución del contrato, tenga efecto alguno sobre la prestación. Pero lo que no se puede tolerar es que altos funcionarios del Gobierno descalifiquen nuestro trabajo a lo largo de dos años, los que ha durado la presencia de la empresa Alcor en el servicio. Las manifestaciones contenidas en la noticia, y que son puestas en boca de la directora general de Protección a la Infancia, son un ejemplo de desconocimiento de la realidad de nuestro trabajo y de falta de información veraz sobre las incidencias realmente acaecidas en estos centros, pocas afortunadamente, pero alguna muy grave.
Se oculta a la opinión pública algo esencial, que es el hecho de que estamos hablando de centros de internamiento de menores por orden judicial, es decir de menores que han cometido delitos graves y muy graves. Hablamos de robos con violencia, lesiones, homicidios, asesinatos y, en la mayor parte de los casos, de menores al borde de la mayoría de edad. Nos guste o no, la realidad es que estamos más cerca de un establecimiento penitenciario, que de uno educativo; y ello se debe a la peligrosidad que algunos de los menores residentes , no pocos, entrañan. Esto es un hecho triste, pero insoslayable cuando se habla de esta prestación.
Nuestros compañeros disponen de toda la formación necesaria para actuar en estos centros. La propia empresa Alcor lleva varios de estos recursos en diversas comunidades autónomas, y el control policial administrativo sobre nuestra actividad impediría que vigilantes sin formar debidamente prestaran servicio allí. Los juicios sobre nuestra profesionalidad los realizan día a día quienes están legalmente habilitados para hacerlo, policías y jueces. Y el juicio más severo sobre nuestra profesionalidad lo realizamos nosotros mismos, pues nuestra profesión, que hemos hecho vocacional, nos implica en la defensa de los derechos de los demás, y en su seguridad. Y les aseguro que todos mis compañeros tienen la seguridad de saber lo que hacen y estar más que preparados para hacerlo.
Y bastaría que alguien, por ejemplo la directora general de justicia juvenil, dedicara un poco de su precioso tiempo a hablar con los vigilantes de los centros para que pudiera comprobar que estamos orgullosos de nuestro trabajo, precisamente por que nos consideramos una pieza fundamental de la reinserción social de jóvenes delincuentes; que empatizamos con ellos, y que nos duelen en el alma la circunstancias, a menudo desgarradoras, que les han llevado allí. Por eso protegemos sus derechos con la misma fuerza que protegeríamos los de nuestros hijos, pues tenemos siempre presente que entre estos jóvenes internos en los Ciemis puede estar un día uno de ellos. No encontrarán a nadie más garantista de los derechos de los menores que los vigilantes de seguridad que custodian este tipo de instalaciones. El serlo es la esencia de su función.
Y bastaría que alguien, por ejemplo la directora general de justicia juvenil, dedicara un poco de su precioso tiempo a hablar con los vigilantes de los centros para que pudiera comprobar que estamos orgullosos de nuestro trabajo, precisamente por que nos consideramos una pieza fundamental de la reinserción social de jóvenes delincuentes; que empatizamos con ellos, y que nos duelen en el alma la circunstancias, a menudo desgarradoras, que les han llevado allí. Por eso protegemos sus derechos con la misma fuerza que protegeríamos los de nuestros hijos, pues tenemos siempre presente que entre estos jóvenes internos en los Ciemis puede estar un día uno de ellos. No encontrarán a nadie más garantista de los derechos de los menores que los vigilantes de seguridad que custodian este tipo de instalaciones. El serlo es la esencia de su función.
Pero nunca olvidamos que nuestra misión, para la que nos hemos preparado y nos preparamos continuamente, es también proteger nuestros derechos fundamentales, y del personal del centro, muy especialmente el derecho a la vida y a la integridad física. Y ello lleva a que, en ocasiones, las estrictamente necesarias haya que utilizar un violencia proporcional y controlada para evitar males mayores que a punto han estado en ocasiones de ser irreparables. Y ello no es "liarse a palos", o al menos solo lo definiría así alguien que desconoce cómo funciona un Ciemi, y emite un prejuicio, no sé si ideológico, desde la más profunda ignorancia. En los dos años de actividad en el centro, ningún vigilante ha sido condenado por uso inadecuado de la violencia, pero alguno sí que ha estado en riesgo de muerte por errores del personal, cuya profesionalidad nadie -nosotros tampoco- pone en duda. Contra lo que puede deducirse de su información, la cohesión de la plantilla es inmejorable, por más que discusiones entre compañeros, esporádicas e intrascendentes, se pretendan magnificar y convertirlas en lo que no son problemas de funcionamiento. Ni hay descubiertos, ni falta plantilla. Al contrario, el absentismo está en niveles mínimos, muy inferiores a los sectoriales, y la razón es que la plantilla se involucra en la importancia de su función.
La plantilla de estos centros ha demostrado su profesionalidad, mucho antes de la llegada de Alcor; otros, durante la permanencia de dicha empresa, y todos, de forma extraordinaria. Es injusto e inaceptable que en un problema de orden puramente administrativo, que atañe a la empresa y al Gobierno de Canarias, se cuestione injustamente nuestra profesionalidad para supuestamente reforzar la argumentación de una de las partes. Se viene a insinuar, o más que a insinuar, que la empresa lo hace mal, porque tiene una plantilla violenta, mal formada, y que desprecia los derechos fundamentales de los menores. Nada más lejos de la realidad, la plantilla es extremadamente profesional, perfectamente formada y en formación continua, y dedicada vocacionalmente a su profesión. Lo demás es incierto y no toleramos que se nos denigre sin motivo.
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