La Inspección de Trabajo está detectando irregularidades en uno de cada seis ERTE que investiga, lo que le ha llevado a imponer sanciones por valor de casi 22 millones de euros y a poner en marcha procesos de regularización que afectan tanto a las ayudas y salarios percibidos por los miles de empleados afectados por esas infracciones como a las exenciones de las cuotas de la Seguridad Social de las que se han beneficiado las empresas.
Los datos constan en la respuesta del Gobierno a dos preguntas parlamentarias del senador malagueño del PSOE Miguel Ángel Heredia, fechada el 9 de abril y según la cual los inspectores han cazado haciendo trampas a 4.588 empresas de las 29.047 cuyos ERTE han supervisado, lo que ha conllevado el levantamiento de actas de infracción por valor de 21.965.703 euros. Esas cifras, a falta de cerrar otras 7.518 inspecciones, sitúan la sanción media en 4.787 euros y revelan al mismo tiempo una ralentización y un endurecimiento de las actuaciones conforme estas se van cerrando, por la mayor complejidad de los expedientes.
Al cierre del año pasado, tras los seis primeros meses de campaña, el número de infracciones era de 3.635 y la cuantía de las sanciones de 16,53 millones, lo que dejaba el acta media en 4.550 euros. En esos algo más de tres meses también se ha ido revelando un mayor nivel de acierto de los inspectores, o de tendencia al fraude en los empresarios, ya que la tasa de firmas en las que detectan irregularidades ha crecido un punto al pasar del 14,77% al 15,79%.
Madrid es líder en sanciones y Málaga en gravedad Los datos de la Inspección revelan una elevada disparidad geográfica en cuanto a la frecuencia y la gravedad de los fraudes cometidos con los ERTE, aunque sí ofrecen algunas pautas como una mayor incidencia en territorios en cuya economía tienen un elevado peso el turismo y/o la industria, caso del litoral mediterráneo o Canarias. De hecho, solo dos territorios, Madrid y Zaragoza, carecen de costa entre los diez que superan las 200 infracciones detectadas en los ERTE. Para encontrar el tercero de interior, Álava, con 87, hay que bajar otros cinco puestos.
Madrid, que también ha sido el territorio cuyo tejido empresarial más ha recurrido a los expedientes, se sitúa como la provincia, en cuanto comunidad uniprovincial, con mayor número de infracciones al alcanzar las 450 de un total de 2.408 inspecciones concluidas. Esa cifra prácticamente duplica a la registrada en Barcelona (229), donde el recurso a los expedientes tuvo una intensidad similar, mientras que la tasa de fraude sobre el número de empresas inspeccionadas de Madrid (18,6%) se ve claramente superado por el de provincias como Alicante (32,5%), A Coruña (28%), Zaragoza (26,4%) o Málaga (23,4%).
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