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La compañía va un paso más allá en el conflicto laboral abierto tras su preconcurso de acreedores en anunciar que emprenderá acciones legales contra los trabajadores
El conflicto laboral que se vive en el seno de Ombuds Seguridad Privadaha dado un giro en Cataluña. La empresa, que está en preconcurso de acreedores desde finales de junio, ha amenazado con el despido de los casi 50 vigilantes de seguridad que están contratados para dar servicio a la línea de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) que discurre por las comarcas de Baix Llobregat y Anoia.
La compañía de la familia Cortina y el fondo estadounidense JZI ha remitido un comunicado a los empleados en el que les acusa de cometer una “falta laboral muy grave por desobediencia, abandono del puesto de trabajo y transgresión de la buena fe contractual”, tal y como indica los documentos a los que ha tenido acceso Crónica Global. Asegura que a lo largo de la última semana han realizado una “huelga ilegal y sorpresiva con seguimiento de la práctica totalidad de la plantilla con servicio adscrita a la contrata” sin “iniciar un proceso de negociación alguno”.
Requerimiento de FGC Las quejas de la dirección de Ombuds parten de un requerimiento que les ha llegado por Burofax de FGC en el que les detalla los descubiertos que se han propiciado en el servicio entre los días 6 y 9 de julio. No fueron a trabajar entre el 70% y el 100% de los efectivos que debían estar presentes, unas bajas que han sido cubiertas por agentes de Mossos d’Esquadra que han garantizado la seguridad de los usuarios de las líneas. El problema, tal y como les recuerda la empresa pública, es que la falta de prestación de un servicio concesionado de forma reiterada es un motivo de resolución del contrato. Por lo que Ombuds podría perder el servicio de vigilancia de seguridad de esta línea de los ferrocarriles catalanes si es incapaz de llegar a un acuerdo con sus trabajadores.
Conflicto laboral en todo el país Todo ello tiene lugar en el marco de un conflicto laboral que se produce en todo el país por los problemas económicos de una compañía que da empleo a 8.000 personas y que, por ahora, no ha podido pagar ni la nómina de junio ni la paga extra que su plantilla debía percibir esta última semana. El grupo busca a la desesperada que aparezca un mirlo blanco que le dé el balón de oxígeno necesario para sortear la quiebra y asegura en la negociación con los sindicatos que se ha iniciado para eludir la huelga que está en negociaciones con un socio que podría entrar a finales de mes en la compañía. Con todo, esta promesa no ha convencido a las partes.
La mediación que ha tenido lugar en Cataluña con los responsables de relaciones laborales de la Generalitat ha concluido sin acuerdo. ADN Sindical, el sindicato convocante, prosigue con la huelga indefinida de los vigilantes de seguridad a partir del próximo martes. No sólo afectará a los ferrocarriles catalanes, también dejarán de prestar servicio los empleados de Renfe, la Ciutat de la Justicia y de otros contratos menores como los del centro comercial Maremagnum.
Reclamación de daños y perjuicios El conflicto particular que se vive en FGC es que a lo largo de las últimas semanas se han producido un aluvión de bajas laborales médicas que, según Ombuds, “responde a una estrategia preconcebida con la única finalidad de perjudicar a los intereses de la compañía en los momentos más difíciles a los que se enfrenta la empresa desde su nacimiento en 1995”. Acusa directamente a los trabajadores y les impone la “infracción muy grave de abandono y omisión injustificada del servicio dentro de la jornada laboral establecida”. Además, les anuncia que la empresa “iniciará las acciones legales en reclamación de los daños y perjuicios que su actuación haya derivado contra los intereses de la compañía”.
Conflicto ‘in crescendo’ La notificación de la empresa ha alimentado aún más el conflicto laboral abierto. Los representantes de los trabajadores han confirmado la huelga y aseguran que se defenderán ante los posibles recursos de una compañía que, recuerdan, que no ha cumplido con su principal responsabilidad con la plantilla, retribuir los servicios prestados como vigilantes de seguridad.
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