Más civiles con armas cortas y menos cazadores
Repunta el número de permisos que habilitan la posesión de pistolas para la autodefensa frente a la reducción de las escopetas para la caza menor
La provincia de Sevilla aparecía el pasado marzo como una de las zonas del país donde hay más armas cortas en posesión de civiles con autorización. Gracias a una respuesta del Ministerio del Interior al senador de Compromís, Carles Mulet, se conocía esa realidad que además concretaba el dato: 298 licencias tipo B en vigor, de un escenario nacional con 8.459 permisos de la misma categoría. Por encima de Sevilla, en número de pistolas y revólveres para la autodefensa, se colocaban las dos provincias que alojan las grandes urbes nacionales (Madrid y Barcelona). También en esos primeros puestos del escalafón se colaban dos zonas menos pobladas que Sevilla como son Murcia y Granada.
Esa información se refería al año 2017. Dos años después, el número de permisos tipo B para la tenencia de armas cortas ha crecido en Sevilla. Según datos actualizados y ofrecidos por la Guardia Civil, que tiene la competencia exclusiva en cuanto al control del armamento que circula en el país, en este momento hay 343 sevillanos con licencia que le habilita a disponer de una pistola para la autodefensa. Este aumento contrarresta con la reducción que en años anteriores se había producido. En 2008, por ejemplo, había 578 particulares en posesión de un arma. La crisis pudo haber incidido porque entre estos ciudadanos había, por ejemplo, joyeros y otros empresarios en riesgo elevado de sufrir un robo por el tipo de mercancía que comercializan.
Este permiso también se concedió a personas amenazadas por la banda terrorista ETA como jueces, fiscales o funcionarios de prisiones. El final de la organización criminal y de la posibilidad de sufrir un atentado ha influido desde entonces en una reducción paulatina de las medidas de seguridad como el uso de escoltas o las licencias de armas en manos de particulares. Las cifras confirman que esa tendencia a la baja se ha frenado definitivamente y vuelve a crecer aunque sin llegar a día de hoy a los niveles de hace más de una década.
La licencia tipo B tiene un carácter restrictivo. La normativa española advierte que la mera razón de defensa de bienes o personas no es suficiente motivo para otorgar este permiso. Es el director general de la Guardia Civil quien la concede y por un periodo de tres años. El solicitante tiene que presentar una batería importante de documentos, desde la acreditación de aptitudes psicofísicas, certificado de antecedentes penales y de delitos de violencia machista, entre otros. Por ese motivo, los poseedores de esta licencia son una minoría. En el caso de Sevilla constituyen el 0,5% del total de personas que tienen algún tipo de arma en su poder.
El debate fallido de Vox En este sentido, VOX ha reclamado una reforma legal para flexibilizar el reglamento de armas apelando al concepto de legítima defensa de los ciudadanos. Una propuesta que ha obtenido el rechazo unánime del resto de formaciones que utilizan como argumento a favor la baja criminalidad de España con respecto a otros países de su entorno y el número controlado de muertes por arma de fuego frente a otros estados con leyes más laxas en esta materia. A día de hoy hay 59.540 permisos de armas en la provincia de Sevilla. La mayoría está relacionado con la cacería y las actividades cinológicas. La licencia más expedida es la de tipo E, que es la que capacita para la posesión de escopetas de caza menor. Aquí se produce un fenómeno distinto a las armas cortas para particulares. El número de licencias está descendiendo en una tendencia que parece no tener fin. En la actualidad hay en vigor 37.580 permisos frente a los más de 55.000 que había en 2008.
En esta disminución de sevillanos que practican la caza menor hay varios factores en juego, como reconocen desde la Federación Andaluza de Caza: la falta de relevo generacional y la desaparición de determinas especies por la implantación de una agricultura intensiva. Sobre este último punto señalan que esa alteración de los ecosistemas locales está favoreciendo que una afición, que ha tenido un fuerte componente hereditario, se esté dejando de transmitir. «Si no hay qué cazar, un padre al final no sale al campo con su hijo», señala a ABC un portavoz autorizado de la Federación.La falta de relevo generacional y la desaparición de determinadas especies por la acción de una agricultura intensiva son algunas de las causas que están afectando a la caza menor
Además, la crisis también golpeó de lleno a los aficionados a esta actividad. «Quien tuvo que recortar gastos por problemas económicos obviamente tuvo que desprenderse de las escopetas y dejar de pagar, por ejemplo un coto». Este efecto lo notaron también en las subastas de armas que organiza la Guardia Civil, donde el arma más común que se ofrece al mejor postor es la escopeta de caza. Sin embargo, esa tendencia a la baja no ha alcanzado a los cazadores más pudientes y que suelen inclinarse más por la caza mayor, donde las batidas tienen un precio más alto por el tipo de trofeo en juego. Las licencias para las armas largas rayadas se han duplicado en la última década. Si en 2008 había 5.865 sevillanos habilitados para cazar presas como ciervos o jabalíes; en la actualidad hay expedidas 12.185 licencias de tipo D.
Además de cazadores, los otros colectivos numerosos con licencia para tener un arma son los miembros de los cuerpos policiales y los vigilantes de seguridad. De los primeros hay 6.213 licencias que autorizan el uso privado de una pistola o revólver a un policía o guardia civil; mientras que hay cerca de un millar de permisos (970) que capacitan el uso de armas para servicios de vigilancia. Por número de permisos, el siguiente colectivo son los aficionados al tiro deportivo con 675 permiso de tipo F.
El resto de licencias son porcentualmente residuales y acogen algunas peculiaridades como los coleccionistas de armas antiguas o los que las usan para recreaciones históricas. Hay 430 autorizaciones especiales para pistolas tipo avancargas o de sistema Flobert (son las que utilizan como propulsor del proyectil sólo la carga de fulminante de un pistón y por ello con menor potencia que otros tipos de armas de fuego). Estos permisos autorizan la tenencia de unas armas con capacidad de abrir fuego. Desde la Guardia Civil puntualizan que aquellas armas antiguas que están inutilizadas no requieren de ningún permiso.
La Guardia Civil destruyó el año pasado 50.000 armas La Guardia Civil destruyó el año pasado más de 50.000 armas de fuego y desde 2013 han sido eliminadas 430.000. Este armamento suele tener un origen diverso: desde escopetas entregadas por sus dueños, que después no han sido adquiridas en subasta y al quedar desierta la puja acaban convertida en chatarra hasta armamento ilegal procedente del mercado negro. Aquí entrarían armas manipuladas para tener un efecto más letal como aquellas que presentan los cañones recortados. Estas actuaciones se enmarcan dentro de la normativa vigente en España y se suma al Programa de Acción de Naciones Unidas sobre el comercio ilícito de armas pequeñas y ligeras.
La inutilización de un arma, a partir del año 2011, está regulada por una normativa muy severa, de tal modo que es sometida a un proceso que afecta a todas las piezas fundamentales de ésta, siendo imposible volver a usarlas. En los últimos años, la Guardia Civil ha detectado la proliferación de talleres clandestinos donde se modifican armas, devolviéndoles la capacidad para ser disparadas de nuevo. Estos traficantes también saben cómo montar armamento mediante piezas que les llegan desde el exterior, aprovechando que en otros países hay normas más laxas sobre qué es una arma inutilizada. En países como Eslovaquia se puede adquirir, por ejemplo, un fusil con pocas alteraciones pero que oficialmente está inutilizado y como tal se puede adquirir en el mercado legal.
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