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Ombuds y los sindicatos fallan al intentar conseguir una solución a la crisis laboral que lleva a que FGC requiera la rescisión del contrato a la familia Cortina.
El próximo martes, 16 de julio, unos 300 vigilantes de seguridad de FGC, la Ciutat de la Justícia, Renfe y otros establecimientos iniciarán una huelga indefinida para denunciar la situación laboral a la que les ha empujado Ombuds Seguridad. La compañía se declaró en preconcurso de acreedores a finales de junio y desde entonces busca una salida a su situación económica que implique poder pagar los salarios retrasados a la plantilla, que integran unas 8.000 personas en toda España.
Los representantes de la empresa han rechazado ante los responsables de relaciones laborales renunciar a las dos principales concesiones que mantiene en Cataluña, la del transporte ferroviario (sin Renfe, ya que este servicio viene marcado por un contrato estatal) y la Ciutat de la Justícia. Así se lo pedían desde el principal sindicato profesional que participa en la mediación, ADN Sindical. Sus responsables defienden que esta alternativa dejaría vía libre a la Administración para rescatar el contrato y buscar una continuidad a los empleos afectados.
Compromiso de pago De hecho, los representantes de Ombuds han incidido en que si se les da más tiempo podrán cumplir con todos sus compromisos, tal y como explican fuentes conocedoras de la negociación. Han alegado que los casi 120 empleados de la Ciutat de la Justícia ya han percibido la retribución de junio y han mostrado su compromiso en compensar los recargos de facturas que los trabajadores puedan acreditar que han sufrido, una medida que también se aplicó en la mesa estatal. La compañía de la familia Cortina y el fondo estadounidense JZI ha defendido en todo momento que ha llegado a su situación económica porque la banca con la que trabajaba decidió cerrar las líneas de financiación comercial (factoring) con las que trabajaban de forma inesperada. Con todo, arrastra problemas económicos desde hace años y, según el sindicato USO, la deuda que ha contraído con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social se ha disparado de los 10,2 a los 41,5 millones en el último ejercicio.
Debate sobre los servicios mínimos Ante la mediación de la Generalitat ha mantenido que estudia dar entrada a un inversor potencial en la compañía que le daría el oxígeno económico que requiere. Con todo, los representantes del comité de huelga han rechazado de nuevo sus promesas. Han recordado los incumplimientos reiterados de la compañía y han anunciado que iniciarán la protesta indefinida, incluso en la Ciudad de la Justícia. Tras este anuncio, el debate que se ha abierto es el de si la Generalitat tiene o no potestad para fijar servicios mínimos entre el personal que se ocupa básicamente del filtro de seguridad del edificio. Los sindicalistas recuerdan que no se trata de un servicio esencial como sí ocurre, por ejemplo, con el transporte público. Por lo que defienden que no se debe dar. La cuestión está en el aire y el Gobierno catalán dispone de tiempo hasta el lunes para establecer un criterio.
Rescisión del contrato de FGC Otra cuestión es lo que ocurre en FGC, donde los responsables del operador ferroviario público catalán han dado el primer paso para quitar el contrato a Ombuds. Los representantes de la empresa han reconocido durante la mediación que habían recibido un requerimiento de la empresa pública por los incumplimientos con el servicio que se han producido en los últimos días. Se ha registrado un absentismo de hasta el 95% de la plantilla en la antesala de la protesta laboral. Para asegurar la seguridad de los viajeros de la línea del Baix Llobregat-Osona, la cúpula de FGC ha pedido la actuación de los Mossos d’Esquadra. Los agentes cubren los huecos que se requieren entre los vigilantes de seguridad. Si no se llega a un acuerdo in extremis, deberán asumir la totalidad de este servicio a partir del martes. Será entonces cuando empiece la huelga indefinida.
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