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La compañía estaría actualmente negociando con la banca la renovación de las líneas de financiación
Ombuds, la tercera mayor compañía de seguridad en España, solicitó la semana pasada acogerse al concurso de acreedores debido a las deudas que acumula con Hacienda y con la Seguridad Social, informó este lunes Alternativa Sindical.
Fruto de esta situación, el sindicato ha asegurado que la compañía no ha abonado las nóminas de junio a 8.000 vigilantes activos, ante la negativa de la banca de renovar las líneas de circulante. Alternativa Sindical ha informado que la compañía estaría actualmente negociando con Santander, Popular, Bankia y CaixaBank la renovación de las líneas de financiación comercial a corto plazo, que fueron unilateralmente suspendidas por la banca y que llevaron a Ombuds a solicitar un concurso voluntario de acreedores.
El sindicato pide a la empresa mayor transparencia e información. El sindicato Alternativa Sindical ha denunciado la “opacidad” con la que se está gestionando esta situación y advierte de que en el caso de que la empresa se declarara en quiebra, los trabajadores podrían sufrir varios meses de impagos hasta ver si la Administración Concursal puede o no hacer frente a los mismos. Asegura que en caso de no poderlo hacer, el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) será el que asuma el abono con un límite de 20 días laborales impagados, que se multiplicarán al salario mínimo interprofesional (SMI), dando como resultado la cuantía total a percibir por el trabajador afectado. Además FOGASA establece como límite máximo para indemnizaciones un año siempre que el salario diario (incluyendo las pagas extras) no rebase el doble del Salario Mínimo.
El sindicato ha exigido a la empresa mayor información y transparencia y ha asegurado que se tomarán las medidas legales oportunas para el esclarecimiento de lo ocurrido, pues aseguran que los trabajadores no podrán hacer frente a sus pagos con estas indemnizaciones. Además, Alternativa Sindical ha señalado que los trabajadores tendrán que hacer frente a esperas en diferentes procesos judiciales y ha destacado el “enorme desembolso” que tendrá que asumir el Estado a través de FOGASA.
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