La OCDE pide al Gobierno de Pedro Sánchez que avance en las reformas que la economía española requiere, y entre sus recomendaciones destacan el igualar el despido de trabajadores fijos y eventuales y elevar los impuestos a los carburantes.
En su documento Apuesta por el crecimiento 2019, que la OCDE ha publicado hoy y en el que analiza la situación económica de los países integrantes, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico apunta la necesidad de "perseguir una mayor convergencia entre los costes de despidos de temporales e indefinidos".
El organismo que dirige el mexicano Ángel Gurría siempre ha mostrado su preocupación por la alta tasa de temporalidad del mercado laboral español, y este documento no es una excepción. Así, la OCDE exige que "continúen los esfuerzos para luchar contra el abuso de los contratos temporales", y la recomendación que ofrece es esa "convergencia" que necesariamente pasaría por abaratar el coste del despido de los trabajadores con contrato indefinido.
En el ámbito impositivo, la OCDE propone al Ejecutivo que eleve los impuestos a los carburantes "para reflejar mejor el impacto de las emisiones de CO2". Ante esta recomendación, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya ha adelantado que, efectivamente, equiparará el precio del diésel y la gasolina. "Toda Europa se tiene que poner las pilas en fiscalidad medioambiental, el medio ambiente no espera", ha señalado MonTero en declaraciones en La Sexta recogidas por Europa Press.
La responsable en funciones de Hacienda, en cambio, no se ha mostrado en absoluto de acuerdo con la posibilidad de reducir el coste del despido de los trabajadores fijos para igualarlo con el de los eventuales. "No vamos a compartir los despidos a la baja y las indemnizaciones a la baja que hagan que muchas fórmulas neoliberales relativas a la materia provoquen una mayor facilidad de despido", ha remarcado.
Asimismo, la organización también propone "mejorar la eficiencia y progresividad del sistema tributario", ampliando la base fiscal reduciendo las exenciones y aboliendo el IVA reducido cuando resulte regresivo, así como reducir las diferencias regulatorias entre regiones y las barreras normativas al crecimiento de las empresas, eliminando las normas que dependen del tamaño de las empresas.
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