Administraciones, Usuarios, y los distintos Gobiernos han construido un sector basado en el bajo precio donde proliferan empresas de seguridad deficitarias y no permeables en empleo de calidad y cumplimiento tributario dejando cada vez más fuera del mercado a empresas de largo recorrido.
Con relación a OMBUDS hemos puesto como único objetivo la búsqueda de soluciones para explorar todas las posibilidades para que los trabajadores y trabajadoras puedan cobrar sus nóminas, ahora le toca a la empresa cumplir lo acordado, SI DEFINITIVAMENTE NO OCURRE ENTRARA EN CONCURSO Y ESTA SITUACION COMPLICA MAS SI CABE UNA SALIDA RAPIDA HACIA LOS PROBLEMAS DE SU PLANTILLA.
La caída de OMBUDS situaría sin duda un escenario complicado para la empleabilidad en el sector de la seguridad privada, una vez el Tribunal Supremo modifica su Doctrina sobre la subrogación de personal, difícilmente empresas consolidadas en este país acudirán al rescate de servicios y subrogación de personal, cuando el Supremo amparado en una Directiva Europea obliga a las empresas a asumir la deuda de todo tipo generadas por la anterior.
En nuestro país se ha venido instaurando un modelo de contratación de servicios de seguridad privada orientado en el bajo precio, ello esta conllevando a que los clientes principalmente desde el ámbito público adjudiquen servicios a la baja y a su vez impulsen en el mercado un modelo de empresas que fracturan el propio mercado, así como generan para el colectivo de trabajadores y trabajadoras situaciones de riego en el mantenimiento del empleo. En los últimos años empresas como FALCON, SEQUOR, LPM, SEGUR IBERICA, se han acogido a concursos para abandonar el mercado dejando a sus vigilantes en procesos largos y excesivamente penosos para además los que no tienen ninguna culpa de las malas prácticas de estas empresas amparadas desde la administración y con la pasividad de los distintos Gobiernos.
Administraciones, usuarios y los propios Gobiernos han permanecido impasibles hacia una escalada de tejido empresarial de poco pelo que además ha venido desde las malas prácticas comiendo terreno aquellas empresas que sitúan la calidad de servicios y el cumplimiento laboral y tributario como base principal en su actividad. Todo ello influye sin duda en forma negativa sobre la calidad del empleo mermando las condiciones laborales instauradas en el mismo.
El Gobierno pese a las numerosas peticiones realizadas desde los agentes sociales es incapaz de dar una respuesta global a la situación de la seguridad privada. La seguridad privada sigue sin resolver el disponer de una contratación de servicios públicos y privados socialmente responsable, El ejecutivo sigue teniendo en un cajón un Reglamento que debería situar la realidad de la seguridad privada del siglo XXI, Sigue sin dar respuesta a una situación que atenta sobre criterios de subrogación que además ya quedaban resueltos en la negociación colectiva y garantizaban el mantenimiento del empleo en el sector, sigue impasible hacia las constantes agresiones sufridas por vigilantes en el desempeño de sus funciones. En definitiva, sigue sin dar respuesta a un colectivo de trabajadores y trabajadoras de un sector que emplea a 80000 personas en España.
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