El Gobierno pone 'puente de plata' a prejubilar con 52 años
Llegan ajustes de plantilla ante las incertidumbres económicas y tecnológicas
El acuerdo alcanzado por Ford con los sindicatos para el recorte de 1.144 empleos en la planta de Almussafes incluirá incentivos para prejubilarse a partir de 53 años. No se trata de un caso aislado: los ajustes de plantilla que preparan las empresas recurren a este sistema de manera habitual, aprovechando un esquema de protección por desempleo que puede expulsar a los trabajadores del mercado laboral incluso desde un año antes, los 52 años. Y que el Gobierno de Pedro Sánchez ha reforzado.
En un país en el que las sucesivas reformas labores han buscado elevar la edad de retiro, ya sea legal o voluntariamente, sorprende que se haya pasado relativamente de puntillas sobre la cuestión de las prejubilaciones, pese a afectar a trabajadores cada vez más jóvenes. Una prejubilación es, en pocas palabras, un itinerario hacia la jubilación en el que la prestación por desempleo y subsidios se combinan con la compensación que abona la empresa como un porcentaje de su nómina anterior que puede encadenar hasta la edad de jubilación, por lo general anticipada. Además, la empresa (o el trabajador) puede suscribir convenios especiales con la Seguridad Social para compensar la pérdida de cotización y generar derecho a una pensión de jubilación más elevada.
Aunque el mecanismo nació como una fórmula para proteger a lo parados de mayor edad en momentos de crisis, con el tiempo se ha acabado convirtiendo en la base de una 'cultura' de las relaciones laborales en la que la solución más fácil para reducir costes laborales es prescindir de los trabajadores más veteranos. Aunque el umbral de edad para acotar a estas personas se ha ido ampliando con el tiempo. El primer ministro de Trabajo que alzó la voz contra esta práctica fue el socialista Celestino Corbacho, que en 2008 arremetió contra Telefónica por anunciar prejubilaciones a partir de 48 años, pese a tener beneficios. Aquella polémica fue el origen de la 'cláusula' que lleva el nombre de la compañía que por entonces presidía César Alierta, que obligaba a las compañías con ganancias que prescindieran de trabajadores de mayor edad a compensar al Tesoro por el coste.
Pero aquel intento de acabar con la "cultura de la prejubilación", en palabras del ministro, tardó un lustro en echar a andar, hasta que se desarrolló de los procedimientos para cobrar estas compensaciones. Fue en la reforma laboral del PP de 2012. Un año más tarde, en su reforma de pensiones aprovecharon para rectificar la de Zapatero de 2011 para endurecer las prejubilaciones por otra vía que también afecta a las prejubilaciones. Y es que, aunque el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero logró un acuerdo con patronal y sindicatos para retrasar progresivamente la edad de jubilación de 65 a 67 años, no había hecho lo propio con las jubilaciones anticipadas de 63 a 65 años. Incluir este aumento de dos años supuso un terremoto en muchas negociaciones, a pesar de que no se aplicó a prejubilaciones ya acordadas.
Y, en paralelo, adoptó una tercera medida que complicaba estos acuerdos: la eliminación del subsidio de mayores de 52 años. El objetivo era recortar gasto y evitar 'duplicidades', puesto que ya existía un subsidio por desempleo para mayores de 55 años. Pero el impacto en las prejubilaciones era claro. Tengamos en cuenta el esquema que siguen estos procedimientos: la prestación contributiva por desempleo dura 2 años, y cuando esta se agota existe la posibilidad de cobrar un subsidio. Ambos son complementados por la empresa con un porcentaje del 'sueldo', pero al retrasar tres años el acceso al subsidio no hacía rentables los acuerdos para menores de 55 años.
Un análisis de los datos históricos revela que desde 2010 los beneficiarios de subsidios mayores de 50 años superaban a los perceptores de prestaciones, algo que el cambio legal no corrigió. Aunque si se produjo una reducción de su número, algo achacable a la evolución a la baja del desempleo. En este sentido, se puede concluir que la reducción de subsidios no se vio acompañado de otras medidas para impulsar la estabilidad laboral de los mayores, como el ámbito de la formación o la recualificación profesional, con lo cual la prejubilación siguió siendo una opción forzosa para muchos trabajadores, ahora desde los 55 años. Pero a partir de 2018 ocurre algo extraño.
Ese año, tras llegar al poder el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez, se recupera el subsidio a partir de los 52 años y el número de beneficiarios empieza a subir, y no deja de hacerlo pese a la pandemia y la recuperación del empleo. Así, entre junio de 2018 y febrero de 2023, los mayores de 50 años que perciben un subsidio han aumentado un 52%, los que cobran la prestación contributiva un 15% y los que reciben otras ayudas asistenciales (como el subsidio agrario o el IMV) han caído un 24%. El problema es que la recuperación del subsidio no viene acompañado por medidas para evitar que se convierta en un incentivo a esta modalidad que se traduce en paro de muy larga duración y luego una jubilación anticipada forzosa.
¿Vuelve los 48 años? Ni el freno a los despidos colectivos que supusieron los ERTEs en la pandemia ni el rebote posterior del empleo han servido para cerrar esta brecha en los beneficiarios. Y la incertidumbre económica y la derivada de la falta de materias primas, la inflación, la tensión geopolítica y la transformación digital está llevando a muchas empresas a retomar planes de ajuste que ya no se limitarán a los trabajadores en su última etapa laboral. El caso de Ford es llamativo por llegar a los 53 años. Pero la pregunta en este escenario es: "qué impide volver a los 48 años" que marcó la propuesta de prejubilaciones más polémica de la historia reciente. Hay que recordar un hecho inquietante: el 55% de los parados supera ya los 45 años de media de edad: 20 puntos porcentuales más que antes de la crisis financiera.
En este escenario, parece que penalizar la jubilación anticipada reduciendo las pensiones, como plantea la última reforma de pensiones no es suficiente disuasión para las empresas y supone solo un castigo para el trabajador, que ante la falta de políticas de empleo y formación verdaderamente eficaces sigue condenado a una expulsión temprana del mercado laboral.
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