UGT vuelve a insistir en la necesaria revisión de las condiciones de trabajo de la seguridad privada en cuanto a medios de protección así como de su escasa o nula protección jurídica, todo ello en el marco del día mundial de la Seguridad y Salud en el trabajo.
El colectivo de seguridad privada sigue sufriendo continuas agresiones en nuestro país por el simple hecho de realizar su trabajo. Un sector declarado esencial durante la pandemia y que ejerce un papel fundamental como complementario a la seguridad publica tal y como recoge el propio ordenamiento jurídico que regula la actividad. UGT durante los últimos tiempos incluso en campañas específicas al respecto, ha venido situando en la opinión pública en nuestro país la falta de compromiso de determinadas empresas que operan en la seguridad privada para con sus personas trabajadoras en cuanto al análisis riguroso de la situación que permita dotar en forma genérica a los vigilantes de seguridad de medios de autoprotección suficiente durante el desempeño de sus funciones. Empresas de seguridad cuyo único objetivo se basa en la cuenta de resultados y en el servilismo a sus propios clientes dejando en indefensión constante a las personas trabajadoras de la seguridad privada.
El propio Gobierno como primer responsable de la actividad privada complementaria a la seguridad pública, sigue mirando hacia otro lado ante el elevado número de agresiones a este colectivo y no es capaz de situar elementos jurídicos de mayor protección dejando la herramienta de la que disponen que no es otra que el propio Reglamento de Seguridad Privada aparcado en el olvido. La oposición al Gobierno PP y VOX se limitan a ensalzar la profesión en sus discursos haciendo todo lo contrario en las distintas mesas de negociación que deberían profundizar ampliamente en reducir o minimizar el aluvión de agresiones sufridas por los vigilantes. UGT insiste en la necesidad en cuanto a que Gobierno, empresas del sector y propios clientes abandonen posturas próximas al negacionismo y articulen elementos de mayor protección individual y jurídica para un colectivo situado en lugares estratégicos próximos a garantizar también la protección de la propia ciudadanía.
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