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La maniobra es de libro, y deja en la estacada a una docena de trabajadores del ISM de Bamio, que ven como se van a quedar en la calle por un subterfugio legal.
El 31 de marzo concluirá el año de plazo para que los vigilantes de seguridad que prestaban sus servicios en Bamio sean subrogados por la nueva firma que asuma la concesión. Y la fecha llegará, probablemente, sin que eso suceda, con lo que los trabajadores se quedarán definitivamente en la calle, según temen los afectados.
Fue ese 31 de marzo del año 2022 cuando el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones canceló su relación con la empresa Mersant, la concesionaria del servicio de vigilancia en Bamio. A partir de ahí comenzaba la cuenta atrás. Debía abrirse un nuevo concurso público para sacar a concesión el servicio. Y así fue, pero quedó desierto. ¿Cuál fue la razón? Pues porque quien quisiera asumirlo debía afrontar la deuda que Mersant tenía con los trabajadores por los retrasos en las nóminas. Es decir, era un caramelo envenenado que, evidentemente, nadie quiso tomar. Algo que, por otro lado, tenían perfectamente asumido los vigilantes, como confesaban tras conocer los requisitos a cumplir.
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