Miguel Ángel Ramírez, dueño de Seguridad Integral Canaria y presidente de la U.D. Las Palmas, se enfrenta a 21 años de cárcel y 105,4 millones de euros en multas
Son consideradas dos de las ‘ovejas negras’ del sector de la seguridad privada en España. «Empresas pirata», según fuentes sindicales, que se fueron a la quiebra dejando a unos 3.000 empleados sin trabajo y ahora se enfrentan a la Justicia por distintos delitos. Ambas tienen ya fecha para juicio. La primera de ellas es Alcor Seguridad. Cinco de sus exdirectivos se sentarán en el banquillo a partir del próximo 19 de junio en Lugo por presuntos delitos contra los derechos de los trabajadores. La otra empresa del sector que irá a juicio es Seguridad Integral Canaria, propiedad del conocido empresario canario Miguel Ángel Ramírez.
La Fiscalía pide para el presidente de la U.D. Las Palmas (salpicado recientemente por el caso Mediador) un total de 21 años de cárcel y 105,4 millones de euros en multas por cinco presuntos delitos de fraude contra la Hacienda Pública y otros tres supuestos delitos continuados de fraude a la Seguridad Social. Ramírez, propietario de un 91% del capital de Seguridad Integral Canaria (SIC), se sentará en el banquillo de los acusados del 4 al 20 de julio en Las Palmas junto al que fuese administrador único de la empresa hasta su disolución en el año 2019, Héctor de Armas Torrent. Para este último, el Ministerio Público pide 14 años de cárcel y 79,3 millones de euros en multas.
La Fiscalía considera acreditado que SIC habría defraudado unos 6,5 millones de euros a Hacienda entre 2009 y 2013. En su escrito de acusación, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, el Ministerio Público señala que los gestores de esa empresa disfrazaron el pago de horas extra a sus trabajadores «bajo apariencia de dietas reembolsables» de las que no constan facturas. Esto último, según la teoría de la Fiscalía y la Agencia Tributaria, para eludir el pago de impuestos y cuotas a la Seguridad Social.
Fraude a Hacienda Además de la ausencia de justificantes de gastos para justificar las dietas declaradas, la Abogacía del Estado (que representa a Hacienda en el caso) respalda los indicios señalados por la Fiscalía y apunta a pruebas adicionales. Se basa para ello en los testimonios de los trabajadores que acudieron como testigos al juzgado durante la instrucción de la causa, además de en la declaración en sede judicial del exsocio de Miguel Ángel Ramírez como imputado. De Armas, según el escrito de conclusiones de Hacienda, habría admitido que se disfrazaban las horas extras como dietas con el fin era eludir pagos en concepto de IRPF y Seguridad Social. La Abogacía del Estado también destaca el hecho de que, a partir de los propios datos aportados por SIC, hubiera sido imposible cubrir los servicios para los que había sido contratada la empresa sin la realización de horas extras por parte de sus trabajadores.
La Agencia Tributaria subraya, además, «el gran importe que las dietas representan respecto a la masa salarial de la empresa, que es unas diez veces superior a esa proporción en el sector de la seguridad». SIC declaró un total de 27 millones de euros en concepto de «dietas exentas» entre los años 2009 y 2013. Esa cantidad supone en torno a un 20% de los pagos declarados como salarios de los trabajadores. Además de nueve delitos por presunto fraude en las cotizaciones a la Seguridad Social, la Abogacía del estado atribuye otros cinco delitos de fraude contra la Hacienda pública a «De Armas como administrador de derecho y a Miguel Ángel Ramírez como administrador de hecho y verdadero gestor de la entidad».
Juicio a Alcor SeguridadUn mes antes del juicio a la empresa de origen canario, que llegó a contar con unos 2.600 trabajadores en toda España y está en vías de disolución desde 2019, Alcor Seguridad y sus administradores se enfrentarán en Lugo a la Justicia. Constituida en 2008 en Monforte de Lemos, esta segunda empresa a la que fuentes del sector definen también como ‘pirata’, desarrollaba su actividad en distintos puntos del territorio nacional y tenía oficinas en Galicia, Canarias y Asturias.
En su escrito de acusación, la Fiscalía atribuye a Carlos Somoza la dirección «de facto» de Alcor Seguridad pese a no figurar entre sus administradores y apoderados. «Desde aproximadamente 2011 y hasta el 6 de octubre de 2015, el acusado ha venido empleando en la entidad regentada de facto por él mismo, Alcor Seguridad SL, a múltiples trabajadores a los que, abusando de la situación de necesidad en la que los mismos se encontraban, les imponía y mantenía unas condiciones laborales que incumplían las disposiciones legales vigentes, vulnerando de este modo los derechos mínimos irrenunciables de los trabajadores», señala el fiscal.
Se le acusa, además, de haber establecido jornadas que no respetaban los descansos establecidos («en ocasiones con turnos maratonianos de 24 horas seguidas sin descanso»), el abono de las horas extra a un precio «significativamente inferior al estipulado» (y solo para aquellos empleados que hubieran superado las 200 horas mensuales) y «la exigencia empresarial de firmar documentos en blanco a la hora de firma del contrato» o en momentos posteriores. Además de Somoza, para quien la Fiscalía pide tres años y tres meses de cárcel, se sentarán en el banquillo otras cuatro personas (administradores y apoderados) acusadas como cooperadores necesarios de un presunto delito contra los derechos de los trabajadores.
Ovejas negras de la seguridad privada La causa contra Alcor Seguridad se inició a raíz de una querella interpuesta en representación de 35 trabajadores por parte del sindicato FTSP-USO, la misma entidad que logró abrir el caso contra Seguridad Integral Canaria. Ambas se habían descolgado del convenio colectivo del sector, por lo que son catalogadas por los sindicatos como ‘ovejas negras’ y ‘empresas pirata’. «Son dos juicios muy esperados, porque estas empresas han tenido explotados a decenas de empleados durante años, engañándoles con las horas extra y la cotización a la seguridad social. La Justicia en España es lenta pero llega y por fin tendrán que ponerse ante un tribunal», indica Basilio Febles, secretario general de FTSP-USO.
El mismo sindicato denunciaría también en 2021 a Alcor Seguridad, cuando se encontraba al borde de la situación concursal, por haber inclumplido un contrato público con la Comunidad de Madrid para la vigilancia de las Oficinas de Empleo del SEPE. De acuerdo a aquella denuncia, la compañía gallega dejó durante los meses de verano muchos servicios descubiertos. Es decir, sin vigilante alguno que custodiara las mencionadas oficinas de empleo autonómicas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario