El secretario general nacional de USO, Basilio Febles, y el responsable de seguridad privada en Canarias, Juan Agustín Díaz, han informado en una rueda de prensa de esta "sustracción" detectada en una auditoría por la empresa Loomis, del grupo Securitas
La entidad sueca que ha comprado la división de transporte de fondos de Seguridad Integral Canaria ha detectado que en las cámaras acorazadas que gestionaba y custodiaba la empresa canaria faltan 720.309 euros, según ha informado este martes la federación de seguridad privada de USO. El anterior accionista mayoritario de Seguridad Integral Canaria, Miguel Ángel Ramírez, que se desvinculó de la empresa hace meses, corroboró ayer la existencia de ese problema en las cámaras acorazadas durante su declaración en el juicio que se sigue contra el magistrado de la Audiencia de Las Palmas Salvador Alba.
Cuando las acusaciones le preguntaron por qué sus empresas se han querellado contra el nuevo consejero delegado de Seguridad Integral Canaria, su antiguo socio Héctor de Armas, Ramírez explicó que porque han detectado indicios de que cometió varios delitos. En concreto, su grupo de empresas ha denunciado a De Armas por administración desleal, por una posible estafa y por un descuadre en las cámaras acorazadas, cuya cuantía Ramírez no pudo precisar al tribunal, pero que sí dijo que rondaba los 700.000 euros.
AUDITORÍA DE EMPRESA El secretario general nacional de USO, Basilio Febles, y el responsable de seguridad privada en Canarias, Juan Agustín Díaz, han informado en una rueda de prensa de esta "sustracción" detectada en una auditoría por la empresa Loomis, del grupo Securitas, que desde el 1 de julio desarrolla el servicio de transporte blindado que hacía Seguridad Integral tras subrogar a 200 trabajadores y hacer frente a la deuda que dejó la empresa canaria.
Los miembros del sindicato han considerado que las acciones emprendidas desde 2005 por la organización contra las prácticas "piratas" que, a su juicio, ha aplicado Seguridad Integral Canaria, y por las que está pendiente la celebración de un juicio contra Miguel Ángel Ramírez por supuestos delitos, como un fraude a la Seguridad Social que supera los 20 millones de euros, la entidad que dirigió en su día "ha cesado su actividad". Tanto Díaz como Febles han destacado que Seguridad Integral Canaria llegó a tener contratados a 5.000 vigilantes en toda España, unos 2.000 de ellos en Canarias, a los que en 2017 llegó a adeudar hasta seis nóminas, y han celebrado que, a día de hoy, la práctica totalidad de ellos estén subrogados en otras empresas del sector, si bien han admitido que "no todas pagan bien".
USO entiende que la causa penal contra Ramírez por su proceder en Seguridad Integral Canaria, sobre la que ha de resolver el Juzgado de Instrucción Número Ocho de Las Palmas de Gran Canaria, "está suficientemente estudiada como para que empiece el juicio oral", después de que ya hayan investigado sobre ella hasta cinco jueces, que han hecho todos los requerimientos pertinentes y cuentan con el "contundente informe" del perito de la Seguridad Social. Pese al cese de la actividad de esta entidad canaria, USO ha denunciado este martes que en el sector de la seguridad privada de las Islas "quedan muchas empresas piratas", al tiempo que ha destacado que el sector se enfrenta aún a otros problemas.
Entre ellos, Febles ha aludido a la posible aprobación de un borrador de reglamento que desarrolla la Ley de Seguridad Privada de 2014 y que establece que "el transporte de fondos desaparecerá" y que se podrá "transportar libremente, sin el control de una empresa de seguridad, hasta 25 millones de euros". Para USO, "este disparate grandísimo contribuirá a elevar el fraude fiscal y fomentará la criminalidad".
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