"Ellos son los culpables", asegura el portavoz de Alternativa Sindical, organización que ha llamado a la huelga a 550 trabajadores de Ombdus en el metro de Madrid y a otros 200 de la EMT
El imperio de seguridad de la familia Cortina está contra las cuerdas. Vigilantes de Metro de Madrid y de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) comenzaron este martes su huelga indefinida después de que Ombuds, una de las mayores empresas de seguridad en España, no les haya abonado ni la paga extraordinaria de julio ni la nómina de junio. La compañía, controlada por el fondo de inversión estadounidense JZI y los Cortina, entró en concurso de acreedores a finales de julio tras fracasar las negociaciones para obtener nuevas líneas de financiación, una situación que ha dejado en el limbo los salarios de más de 6.000 empleados.
Ombuds fue fundada en 1995 por los Cortina, una familia con importantes contactos tanto en el ámbito militar como político. Al frente de la empresa se puso a José Rodrigo Cortina, hijo de Antonio Cortina, un experto en campañas electorales que en los años setenta ejerció como mano derecha de Manuel Fraga en Alianza Popular. Más allá de su influencia en el partido, destacó también en el ámbito empresarial como consejero delegado de la compañía Aseprosa, también dedicada al sector de seguridad y vendida en 1999.
Pero padre e hijo no son los únicos de la familia que se dedican al sector de seguridad. De hecho, ni siquiera son los miembros más mediáticos del clan. José Luis Cortina, hermano de Antonio, supera con creces a ambos en cuanto a menciones en los periódicos se refiere. Compañero de promoción del Rey emérito en la Academia General Militar y jefe de operaciones del Cesid, antecesor del CNI, Cortina fue procesado como presunto autor de un delito de rebelión militar por el fallido golpe de Estado del 23-F. Aunque el entonces comandante de Infantería llegó a entrar en la cárcel militar de Alcalá de Henares por estos hechos, finalmente se le absolvió.
Su nombre, sin embargo, volvió a sonar con fuerza en 1991 por la filtración al diario 'El Mundo' de los planes secretos Papá Tango y Papá Golf, documentos que probaban que España planeaba enviar tropas en la primera Guerra del Golfo. Aunque a Cortina se le acusó de haberlos filtrado, la investigación no pudo probarlo y la causa fue sobreseída al no darse con el culpable. A partir de los años noventa, Cortina se enfocó en el sector de la seguridad como empresario y puso en marcha la compañía I2v, propietaria entre otras firmas de Grupo Atenea, organizadora de eventos relacionados con este ámbito empresarial, como la feria de seguridad Homsec. “Aquí no se vende, se viene a hacer contactos y fuera se cierran los acuerdos”, explicaba en 2017 Antonio Manzano, subdirector del Grupo Atenea, sobre la edición celebrada ese año. “El objetivo es que las industrias presenten sus innovaciones a los gobiernos, que son los que compran —tanto de España como de otros países—, y a los usuarios finales: Policía, Ejército...”.
Pero entre todas las empresas de seguridad que han dirigido los Cortina, la que más ha destacado en los últimos años es Ombuds. La compañía se convirtió en una de las más destacadas del sector al ofrecer servicios de escolta a amenazados por ETA, un negocio que terminó por atraer a grandes inversores: en mayo de 2011, cuatro meses antes de que la banda terrorista anunciara su cese definitivo, los Cortina vendieron el 75% de Ombuds al fondo de inversión estadounidense JZI por una cantidad que se desconoce, quedando el 25% restante en manos de la familia, que mantuvo a Rodrigo Cortina en sus funciones ejecutivas.
A partir de ese momento, la empresa fue incapaz de generar los mismos beneficios que en la época de ETA, terminando así por entrar en concurso de acreedores de forma voluntaria el pasado julio. A la hora de analizar la situación, el sindicato mayoritario en el sector de seguridad privada y convocante de la huelga en el metro de Madrid y la EMT, Alternativa Sindical, apunta de forma directa a los Cortina: "Ellos son los culpables". Según explica Alberto García, portavoz del sindicato, Ombuds cometió un error al absorber la empresa Castellana de Seguridad (Casesa) en 2017, una firma que "en aquellos momentos la propia auditora les advirtió de que era un negocio ruinoso". Pese a ello, "la familia Cortina, por la avaricia y el afán de convertir Ombuds en la tercera empresa de seguridad del país, se empecinó en comprarla".
Tras los impagos de junio y julio, Alternativa Sindical ha optado por convocar una huelga indefinida con el apoyo de los 550 vigilantes con los que cuenta Ombdus en Metro de Madrid y los otros 200 de la EMT. "La mejor opción para los trabajadores, sin lugar a dudas, pasa por que los clientes rescindan unilateralmente los contratos con Ombuds. Es un negocio inviable que terminará en liquidación", denuncia García.
Por el momento, la huelga solo afecta a estas dos empresas, pero el sindicato no descarta hacer lo propio en otras compañías donde Ombdus también cuenta con vigilantes: "No se han convocado porque al parecer esos clientes van a ir rescindiendo sus contratos. Tenemos constancia de que el Museo Thyssen, donde hay cerca de 100 entre vigilantes y auxiliares, ya se ha puesto manos a la obra con ello. Pero si pasan 20 días y vemos que no han movido ficha, entonces igual nos plantearíamos también la huelga en el museo". El concurso de acreedores, por tanto, no es más que el comienzo: si las empresas no ponen fin a sus contratos con Ombdus, todo apunta a que la caída del imperio de seguridad de los Cortina irá acompañada por un redoble de huelgas.
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