La trabajadora había denunciado presiones de la Guardia Civil y el cuerpo policial la ha declarado no apta para desempeñar su trabajo en la infraestructura
Una vigilante de los filtros de seguridad del aeropuerto Barcelona-El Prat que denunció presiones de la Guardia Civil en los primeros días de la huelga que mantienen los trabajadores ha sido trasladada de servicio. La trabajadora, que denunció las presiones y sufrió un ataque de ansiedad que le llevó a coger la baja unos días, ha recibido la notificación del cambio de servicio al reincorporarse y después de que el Instituto Armado comunicara a la empresa concesionaria, Transportes Blindados SA (Trablisa), que “no es apta para desempeñar las funciones de auxilio y colaboración en las labores de control y comprobación que debiera efectuar en los distintos puestos de responsabilidad de la Guardia Civil” en El Prat.
Fuentes sindicales explican que la trabajadora llevaba 14 meses en ese puesto de trabajo y tenía todas las formaciones necesarias para el mismo. Además señalan que no es una práctica habitual y cuestionan por qué no se ha hecho esa observación en el tiempo que ha trabajado hasta ahora. Desde la empresa admiten que no es una práctica habitual y afirman que ha habido algún otro caso. Asimismo, sostienen que se ha buscado un puesto similar en horarios de trabajo y desplazamientos para la vigilante de seguridad.
Las competencias de la seguridad de la infraestructura corresponden a la Guardia Civil. Los trabajadores de la empresa adjudicataria de los controles de acceso, según la ley de seguridad privada, deben “colaborar, en todo momento y lugar, con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, con sujeción a lo que éstas puedan disponer en relación con la ejecución material de sus actividades”.Ese ha sido el argumento de la empresa concesionaria tras las quejas de los trabajadores por el rol del cuerpo policial.
Los portavoces sindicales lamentaron desde un primer momento la presión que recibían desde el Instituto Armado para que hubiera fluidez en la infraestructura y han llegado a denunciar que han desempeñado la labor de los vigilantes en los filtros, por lo que su protesta es imperceptible y apenas tiene incidencia. La Benemérita ha reforzado su presencia en la infraestructura para garantizar la seguridad, apuntaron fuentes del cuerpo a este medio, detallando que los paros coinciden con las semanas de más afluencia en El Prat. El objetivo es que haya “fluidez” y un buen servicio a los ciudadanos sin largas colas de espera, admitían.
Por su parte, el comité de seguridad del aeropuerto, integrado por la gestora Aena y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ha aprobado que mientras dure el paro, con tal de garantizar mejor servicio, haya en los filtros menos vigilantes de los seis que marca la licitación en temporada alta. De hecho, al fijar los servicios mínimos se contempló como un factor de riesgo que hubiera un tiempo de espera abultado para acceder a los filtros después de los atentados que hubo en el aeropuerto belga de Zaventem en marzo de 2016.
La empresa ha contratado a personal nuevo y ha desplazado a vigilantes de otras infraestructuras con tal de cumplir con los servicios mínimos –de difícil cumplimiento teniendo en cuenta los trabajadores que están de vacaciones o de baja– y suplir las bajas. Fuentes de la empresa explicaban que había una media de unos tres trabajadores por día con carta de servicios mínimos que cogen bajas cortas. Desde el comité achacan esas bajas a la presión que reciben estos días los trabajadores y vaticinan que puede haber más”. La huelga indefinida de los vigilantes apenas tiene incidencia después de que se hayan decretado unos servicios mínimos del 90% –tildado de “elevados” por parte de los portavoces sindicales que denuncian que se lamina su derecho de protesta– y el 18 de septiembre empresa y representantes de los trabajadores irán a juicio después de que se pidiera que la huelga fuera declarada ilegal en los juzgados de lo Social con una demanda.
Pero no es la única batalla que se libra en el ámbito judicial. Fuentes sindicales apuntan que la medida cautelar que solicitaron en los tribunales para que el registro de las cámaras de seguridad del aeropuerto se guarde y no se elimine a los quince días ha sido aceptada. No obstante, las partes no han recibido ninguna notificación y este medio no ha podido confirmar la resolución de la magistrada de los tribunales de El Prat. Con todo, el comité celebra que podrán demostrar “irregularidades” que ha habido estos días en la infraestructura “con tal de la que la huelga no tenga efecto” y algunas de las quejas que han emitido sobre mala praxis. Aunque la huelga no está teniendo incidencia, las posiciones entre empresa y trabajadores siguen enconadas. No ha habido nuevas conversaciones formales desde que arrancó el paro y en los contactos informales ambas partes constatan la distancia que les separa, sobre todo por las peticiones económicas de los trabajadores.
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