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Los representantes de los trabajadores lamentan que “si no perjudican a nadie, no se les hace caso” y que siempre se hace parecer a los huelguistas y no a la empresa “como los malos"
El comité de huelga de los vigilantes de seguridad del aeropuerto Barcelona-El Prat sopesa endurecer su protesta. Los trabajadores constatan la escasa incidencia del paro indefinido que arrancó este viernes con unos servicios mínimos del 90%. Este sábado lamentaban que había menos tiempo de espera en las colas al control de acceso a la infraestructura que en una jornada ordinaria de agosto. En esa tesitura, recuerdan que están cumpliendo su compromiso de trabajar con profesionalidad y cumplir con los servicios mínimos, tal y como dicta la ley, y constatan que la “única solución real de protesta es la realización de una huelga de celo”, algo que hasta ahora no han hecho, aseguran. “¿Realmente hemos de llegar a tomar medidas que perjudiquen a terceros si queremos que se atiendan nuestras reclamaciones, perjudicando además la seguridad del aeropuerto?”, cuestiona el comité de huelga en un documento al que ha tenido acceso La Vanguardia.
A la hora de decretar los servicios mínimos, la Delegación del Gobierno en Catalunya esgrimió la cuestión de la seguridad, remarcando que en otros aeropuertos europeos ha habido atentados terroristas en los accesos, como es el caso de Bélgica en marzo 2016. Fuentes del comité señalan que “no es normal” lo que está pasando y lamentan que “si no perjudican a nadie, no se les hace caso”. Al tiempo, admiten que en caso de provocar un caos parecido al de hace dos años “se convertirían en los malos de la película”. Así, preguntan a los políticos “por qué no hacen nada” para remediar la situación al margen de laminar su derecho de huelga y si “hay algún interés real” para perjudicar de forma especial a los viajes en Barcelona, “donde se hacen más huelgas por las deficiencias de todo tipo en los diferentes sectores”. Además deploran de “parece que los malos siempre son los huelguistas y no las empresas”.
En otro punto, censuran que “se use a la Guardia Civil en un conflicto laboral para que ejerzan presión sobre los trabajadores” y cuestionan si “es una función” de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado “participar directamente en un conflicto laboral”. Este sábado, como ocurrió ayer en la primera jornada de huelga indefinida, la protesta no ha sido perceptible en el aeropuerto y la presidenta del comité, Genoveva Sierra, denunciaba “presiones” a los vigilantes en una atención a los medios y que el tiempo de demora en el laberinto verde que conduce a los filtros era menor a un día ordinario sin paros. También acusan a la empresa concesionaria, Transportes Blindados SA (Trablisa) de “mentir y engañar” y de lanzarles promesas que no cumplen. Al iniciar la protesta laboral, los trabajadores recordaban que algunas de sus reivindicaciones son compromisos que asumió la empresa cuando desconvocó una huelga que iba a coincidir con el Mobile World Congress.
Trablisa esperaba abrir nuevas conversaciones la semana que viene con los representantes de los trabajadores y este fin de semana no se esperaba que hubiera nuevas conversaciones. La empresa esgrime que se trata de una huelga “ilegal” –se presentó una demanda colectiva en los juzgados de lo Social de Barcelona que ya ha sido admitida a trámite pero no contenía medidas cautelares– porque la petición económica que se fórmula de un euro más por hora trabajada ya está sujeta a mediación tras un conflicto colectivo en el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA) bajo el concepto “plus de productividad”. Ese último concepto se solicitó en las protestas de febrero y de principios de julio que fueron desconvocadas. La empresa entiende que se ha cambiado el nombre para poder justificar los paros y que se trata de la misma reivindicación.
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