La localidad chipionera contabiliza un tercio de los casos que han tenido lugar, que también se han dado en Rota, Jerez, Cádiz y El Puerto, entre otros municipios
Chipiona es el municipio donde se ha registrado un mayor número de denuncias por casos de intrusismo en seguridad privada, de la docena que se ha detectado a nivel provincial, según ha informado la Policía Nacional. Junto con Chipiona se encuentran con un caso por cada localidad: Jerez, Algeciras, Rota, El Puerto, Los Barrios, Castellar, Tarifa y la capital gaditana. De esta forma, Chipiona contabiliza un tercio de los casos ocurridos en la provincia de Cádiz. Las intervenciones han sido realizadas a través de las Unidades de Seguridad Privada de las comisarías de la provincia para velar por el cumplimiento de la Ley 5/2014 de Seguridad Privada, la cual reserva en exclusiva a empresas autorizadas por el Ministerio del Interior la contratación y al personal habilitado la prestación de los servicios de vigilancia y protección respectivamente.
La mayoría de los casos detectados se producen en el ámbito de la construcción, donde las empresas buscan protegerse, mediante la contratación de personal «low cost», ante robos de materiales de construcción u ocupaciones de fincas listas para la entrega a sus legítimos propietarios. Los casos de intrusismo no se circunscriben a este tipo de actividad, sino que también se dan en la vigilancia de comunidades de vecinos, explotaciones agrícolas e industriales, puertos deportivos y en garajes comunitarios, donde en la mayor parte de los casos se intenta camuflar la prestación de un servicio efectivo de vigilancia y protección de bienes y personas simulando actividades de mantenimiento o de conserjería inexistentes.
De esta manera se pretende ahorrar el coste adicional que supone la contratación de una empresa de seguridad para que ésta le aporte el personal habilitado que necesita, el cual además cuenta con la formación necesaria, ha pasado un riguroso proceso selectivo para su habilitación por el Ministerio del Interior, y está sometido al control de la Dirección General de la Policía en el caso de los vigilantes de seguridad, vigilantes de explosivos, detectives y escoltas privados, o al de la Dirección General de la Guardia Civil en el de los guardas rurales de campo y los guardapescas marítimos.
La prestación de servicios de seguridad por empresas no autorizadas y el desempeño de las funciones de vigilancia y protección por personal no habilitado, se encuentra severamente castigado en la referida Ley de Seguridad Privada con multas que en los casos más graves, para las empresas, oscilan entre los 30.001 y los 600.000 Euros y pueden conllevar la inhabilitación para el ejercicio de su actividad mercantil. En el caso de las personas físicas no habilitadas que los presten la cuantía de las sanciones por intrusismo van desde los 6.001 a los 30.000 Euros. Asimismo estas multas se pueden hacer extensivas a los usuarios de los servicios de las empresas no autorizadas y del personal no habilitado. En tres de los casos los trabajadores no habilitados contaban con un amplio historial delictivo, principalmente por delitos contra el patrimonio y contra la integridad física de las personas, y en otra de las ocasiones por tráfico de drogas.
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