En los mayores países de la región, los guardias privados son cuatro veces más que los policías y disponen de diez veces más de armas que en Europa
Los elevados índices de violencia en Latinoamérica y la deficiente presencia de la autoridad de los respectivos Estados en partes del territorio han llevado a la proliferación de empresas privadas de seguridad en toda la región. Su número supera ya las 16.000 compañías, en una industria que involucra a más de 2,4 millones de personas. El sector afronta importantes retos, como legalidad imprecisa en muchos casos, déficit de experiencia, formas incompatibles con los derechos civiles y humanos en ciertos lugares y riesgo de escalada de arsenales.
La proliferación de las empresas de seguridad privada en América Latina va ligada a las estadísticas de criminalidad y violencia en la región. Se estima que 19 de cada 20 crímenes violentos que ocurren en el mundo tienen lugar en Latinoamérica, donde se encuentran 17 de las 20 ciudades más violentas del mundo y 4 de los 5 países con mayor violencia. La situación ha dado lugar a un “crecimiento explosivo” de la privatización de la seguridad en América Latina, como lo califica el informe “Seguridad a la venta” de Diálogo Interamericano. El aumento del número de Empresas de Defensa y Seguridad Privada (EMSP) se ha dado no solo en países con acusados conflictos, como Colombia, donde en los últimos diez años se ha registrado un incremento del 126%, sino también en países de mayor paz social e institucionalidad como Chile, que en cinco años ha visto un incremento del 50%. El total de empresas dedicadas a esta función en Latinoamérica llegaba a 16.174 en 2017, como precisaba entonces el Centro para el Control Democrático de las Fuerzas Armadas de Ginebra (DCAF).
El sector de las EMSP El término EMSP incluye tanto las empresas se seguridad al uso en países desarrollados, dedicadas normalmente a labores de custodia de establecimientos o personas físicas, como también empresas de defensa que pueden llegar a sustituir funciones habitualmente reservadas al Estado. Estas últimas se desarrollaron tras el fin de la Guerra Fría y han llegado a ser un actor importante en las relaciones internacionales, con participación en conflictos de baja e incluso alta intensidad.
Esas empresas de defensa actúan en un marco de complicada legalidad, cuya regulación intentó estandarizarse en 2008 con el Documento de Montreaux, una compilación de obligaciones legales y buenas prácticas destinada a garantizar la soberanía de los Estados y a proteger los Derechos Humanos. Si bien el texto se aplica más directamente a situaciones de conflicto armado, también aporta un marco regulatorio para las empresas de seguridad en general, dada la tenue frontera entre un tipo de empresas y otras, especialmente en Latinoamérica, donde la autoridad del Estado no alcanza muchas veces a todo el territorio nacional, algunos conflictos civiles son especialmente virulentos y ciertos usan a las Fuerzas Armadas en la lucha contra la violencia criminal y el mantenimiento del orden público.
Más guardias que policías Las más de 16.000 EMSP de América Latina emplean en torno a 2,4 millones de personas. Si bien los guardias de seguridad superan en número a los miembros de la policía en todo el mundo, en muchos países latinoamericanos se produce un especial desequilibrio entre el número de componentes de las fuerzas policiales y el de los agentes privados: en Colombia, Brasil y México la relación es de un policía por cuatro miembros de EMSP; en países de extrema violencia como Honduras y Guatemala la relación incluso llega a ser de uno a siete. También se da el caso de que muchos miembros de la policía recurren al pluriempleo, ejerciendo de policías durante el día y convirtiéndose en agentes de seguridad por la noche en algún vecindario, empresa o edificio.
Las mayores empresas son las que se dedican a la vigilancia y a la escolta de clientes VIP. Las más grandes son de origen europeo y estadounidense y están especializadas en una parte del sector, especialmente en la protección de la propiedad privada. En su mayoría actúan en ciudades o bien en centros de extracción de recursos naturales aislados de las zonas urbanas. En relación a las frecuentes críticas que reciben estas empresas, por supuesta suplantación de funciones propias de la autoridad legalmente constituida, es necesario destacar que el marco jurídico en el que las grandes empresas operan es estricto y se encuentra supervisado.
Carrera de armamento Se puede argumentar que la competencia entre los operadores ha generado una especie de carrera armamentística en la que cada empresa desea ofrecer servicios más eficaces. A su vez, al haber mayor número de agentes y además con armas más modernas, los criminales tienden igualmente a aumentar su potencia de fuego y sus capacidades para cumplir con sus objetivos, lo que consecuentemente lleva a las empresas a incrementar también el calibre de su armamento, en una espiral difícil de controlar. Las estadísticas muestran que Latinoamérica tiene la relación más alta de armas de fuego por guardia de seguridad del mundo fuera de aquellas áreas afectadas por conflictos. Esa relación es diez veces superior a la que existe sobre armas cortas en Europa.
Esto ha motivado que en el escenario latinoamericano en alguna ocasión se haya criticado a ciertas EMSP por haber contribuido, directa o indirectamente, al tráfico ilegal de armas y al aumento de las bandas armadas generando un círculo vicioso. Por ejemplo, en 2015 noventa personas fueron detenidas en San Francisco (algunas de ellas vinculadas a EMSP) por pertenecer a una red de tráfico de armas vinculada a la Mara Salvatrucha (MS-13). También se ha dado el caso de robo y extravío de armas importadas desde la región, tanto por parte de contratistas individuales de seguridad privada como por los propios militares; estas armas luego ingresan en el mercado negro. Así, más del 40% de las armas ilegales en El Salvador están vinculadas a unas 460 empresas privadas de seguridad, a pesar de la obligación de tener un registro oficial para su identificación.
Retos La reducción de los altos niveles de inseguridad es uno de los principales retos de muchos países latinoamericanos. Las razones que explican la persistente violencia en sus sociedades son múltiples; entre ellas están la corrupción política y la desigualdad económica. Las clases más ricas pueden considerarse blanco de intentos de robo o secuestro, pero también las clases populares padecen las altas cifras de criminalidad, en su caso sin posibilidad de recurrir a la seguridad privada.
La seguridad privada en América Latina afronta dos importantes retos. Uno es ilegalidad de parte del sector: las empresas de corte ilegal crecen de forma más rápida que en el sector legal; en Brasil, por ejemplo, el número de guardias empleados informalmente supero a los formales. El otro es la falta de entrenamiento o experiencia de cierto volumen de los guardias privados. Atender a la necesidad de mayor regulación legal, y de una regulación más ajustada a las especificidades nacionales, y a la conveniencia de mayor formación ayudará a reducir la zona gris en la que en muchos casos se opera y las violaciones de Derechos Humanos.
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