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La concesionaria, Trablisa, se impuso en la puja a tres por el contrato de los controles de seguridad, que las grandes del sector optaron por evitar.
"Hay contratos de servicios en sectores de alto riesgo, sectores que son estratégicos, que o se prestan de una manera seria o es mejor alejarse de ese mercado, porque de lo contrario acabas saliendo trasquilado".
Un año después de sufrir en primera persona la tremenda crisis generada por la huelga en pleno mes de agosto y en vísperas del referéndum del 1-O de los trabajadores de los controles de seguridad del Aeropuerto de Barcelona -que tuvo que ser resuelta en última instancia mediante un laudo arbitral- y unos pocos meses después de la adjudicación de ese servicio a otra compañía, la presidenta de Eulen, María José Álvarez, reflexionaba así en Deusto Business School sobre la decisión del gigante español de los servicios de no concurrir al macroconcurso (valorado en cerca de 200 millones de euros) convocado por Aena a mediados de 2018 para gestionar los servicios de seguridad de los dos grandes aeropuertos del país: Madrid-Barajas y Barcelona-El Prat.
Eulen no fue la única empresa que se inhibió en esa carrera. Otros grandes del sector de la seguridad como Prosegur -que ya había gestionado ese contrato justo antes que Eulen- o Securitas optaron por no concurrir a la convocatoria tras considerar que las condiciones contractuales planteadas por Aena no permitirían la prestación del servicio con los estándares de calidad en el servicio, los márgenes de rentabilidad y las garantías de estabilidad suficientes. La puja se planteó finalmente entre solo tres compañías y se resolvió en favor de Trablisa, una empresa mallorquina especializada en transportes en blindados, a la que le bastó con acreditar una experiencia previa en la gestión de los accesos y filtros de seguridad del aeropuerto de Palma y una baja del 0,5% para adjudicarse por 49,87 millones (respecto a los 50,12 millones en que Aena valoró el concurso) uno de los contratos de servicios de mayor cuantía económica que pone en juego el gestor aeroportuario estatal.
Trablisa empezó a gestionar los controles de seguridad del aeropuerto de El Prat el 1 de junio de 2018 y ha bastado un año para encontrarse con su primer gran conflicto laboral. La plantilla de cerca de 500 trabajadores que se encarga de la vigilancia de los controles de seguridad del aeropuerto barcelonés, por el que diariamente pasan cerca de 200.000 pasajeros, demanda un plus de un euro por hora trabajada por el incremento del flujo de pasajeros en los últimos años, plazas de aparcamiento gratuitas para los trabajadores y más rotación y descansos en los turnos de trabajo, entre otras peticiones. Ninguna de esas demandas se recogía en el laudo arbitral que resolvió el conflicto laboral de 2017 -que afectó a los mismos trabajadores, ya que pese a cambiar la empresa concesionaria la plantilla se subroga al contrato- y, lógicamente, tampoco se tuvo en cuenta por parte de la empresa a la hora de realizar las ofertas para prestar este servicio hace ahora un año por lo que una eventual atención a estas reivindicaciones iría contra el margen de beneficio de Trablisa, no contra Aena, que es en última instancia la responsable de la prestación del servicio.
La empresa mallorquina se ha amparado precisamente en el laudo de 2017 y más en concreto en la disposición novena que establece que ninguna de las partes podrá plantear conflicto o huelga alguna referida a las materias tratadas en el laudo para demandar al Comité de Empresa por 'huelga ilegal' y para rechazar las reivindicaciones de los trabajadores, cuyo eventual impacto económico estaría fuera de las condiciones acordadas con Aena en el pliego de condiciones del contrato. La empresa alega, además, que la situación hoy es mucho más desahogada que en 2017 cuando la plantilla tenía 350 trabajadores. Ahora, ronda los 500. Desde el célebre laudo de 2017 la plantilla del servicio de control de seguridad se ha incrementado un 44% en tanto que el tráfico del aeropuerto lo ha hecho en un 5,6%.
El inquietante precedente de Eulen Los antecedentes más inmediatos demuestran que el pliego de condiciones del contrato ofrece una seguridad relativa a la empresa adjudicataria. El conflicto laboral del verano de 2017 le estalló a la entonces empresa concesionaria, Eulen, después de haber acordado unas condiciones determinadas de prestación del servicio con Aena. El laudo arbitral que puso fin a un conflicto que caldeó más si cabe el ya agitado clima social previo al referéndum ilegal del 1-O generó unos costes extraordinarios en el contrato de más de 750.000 euros, que la compañía tuvo que asumir con cargo a su ya estrecho margen de beneficio con ese contrato y a día de hoy Eulen aún espera a que Aena le abone la compensación prometida por ese sobrecoste. Ello, sin contar los 300.000 euros en sanciones que Aena impuso a Eulen por las deficiencias en el servicio generadas por el conflicto laboral.
Según fuentes de Aena, la compañía no tiene ninguna intención de tomar cartas en el asunto por el momento. Sostiene que se trata de un conflicto laboral entre la empresa y sus trabajadores y que la afectación al servicio prestado por Trablisa será limitada en la medida en que se cumplan los servicios mínimos del 90% establecidos por la Generalitat. No obstante, también aseguran que el gestor aeroportuario estatal velará porque el servicio de acceso y filtros de seguridad de El Prat se cumpla con normalidad. "Todos los expedientes están sometidos a control mediante indicadores de calidad, de los cuales se desprenden indicadores positivos o negativos (bonus o malus) que se aplican a las certificaciones. Las medidas que adopte Aena durante el conflicto tendrán por objeto minimizar la afectación a las personas usuarias del Aeropuerto". De momento, estas medidas se han limitado a la publicación de unas recomendaciones a los pasajeros para evitar en la medida de lo posibles colapsos en los accesos, recomendando, por ejemplo, adelantar la hora de llegada al aeropuerto y el acceso escalonado.
La controvertida política de contrataciones de Aena La inhibición de Eulen, Securitas y Prosegur en el contrato de gestión de la seguridad en los accesos a las terminales de los grandes aeropuertos españoles no es un caso aislado. Un ramillete de organizaciones empresariales representativas de empresas contratistas con la Administración vienen quejándose desde hace años del sesgo en el precio de los procedimientos de contratación convocados por el gestor aeroportuario estatal y del procedimiento de subasta electrónica que viene utilizando para adjudicar muchos contratos de servicios, y que empuja a las empresas concurrentes a plantear bajas que rondan lo temerario para poder adjudicarse los contratos. El número de convocatorias declaradas desiertas por la ausencia de empresas concurrentes se ha incrementado de forma exponencial en los últimos años, según fuentes empresariales, y muchas grandes empresas han tomado la decisión de no contratar con Aena en tanto no deje de lado las pujas electrónicas a la baja como mecanismo de adjudicación.
La empresa, por el contrario, presume de los niveles de eficiencia alcanzados en sus contratos de servicios y ni en el época de García Legazni en la actual con Maurici Lucena de presidente se ha replanteado su fórmula de contratación de servicios, que según fuentes empresariales "está teniendo efectos muy perceptibles sobre la calidad del servicio".
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