Comisiones Obreras acusa a la empresa de no readmitirlo, pese a estar obligada por sentencia judicial
Jesús López Planelles trabajaba como vigilante de seguridad para una empresa contratada por la Junta de Andalucía. Esa empresa dejó de pagarle un par de nóminas y el trabajador decidió hacer pública su situación. A mediados de agosto de 2018, contactó con Susana Díaz a través de las redes sociales para exponerle las condiciones laborales que estaba sufriendo él y también sus compañeros.
La entonces presidenta de la Junta de Andalucía se interesó por su situación y le prometió una solución. Dos días después, estaba en la calle. “Fue una represalia”, afirma Jesús López. Así lo entendió también la Justicia, ya que el Juzgado de lo Social número 4 de Jaén anuló el despido de este vigilante de seguridad por vulneración de derechos fundamentales. Se condenaba a la empresa a readmitir al trabajador en su puesto. “Tendría que haberlo incorporado a la plantilla el pasado 1 de enero. Sin embargo, no lo han hecho, le están dando largas e incumplen una resolución judicial”, explicó ayer Francisco Cantero, secretario general de Comisiones Obreras, que se ha volcado en la defensa de Jesús López. “Hemos puesto la situación en conocimiento de los nuevos responsables de la Junta de Andalucía, pero han pasado casi tres semanas desde entonces y no hay solución”, añade el responsable sindical.
La empresa en la que trabajaba el vigilante fue sustuida por otra “perteneciente al mismo grupo”. Se encarga de la seguridad de la Agencia de Educación de la Junta de Andalucía en Andújar: “Esa segunda mercantil incorporó a toda la plantilla anterior, menos a Jesús. Han presentado numerosas alegaciones a su readmisión que solo tienen el objetivo de alargar el procedimiento y de martirizar a este empleado”, añade Francisco Cantero. Mientras tanto, el vigilante lleva varios meses sin tener ingresos: “Se me acabó el paro y la situación que tengo en mi casa empieza a ser desesperada”, añade Jesús López Planelles. Comisiones Obreras señala que este caso de precariedad laboral en el sector de la vigilancia privada no es aislado: “En los últimos cuatro años hemos interpuesto más de un centenar de denuncias ante la Inspección de Trabajo”.
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