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Los sindicatos del sector denuncian la bajada temeraria en las retribuciones de la nueva contratación de una organización sumida en problemas económicos
Las colas de más de 40 minutos marcaron la última edición del Gran Premio de España que acogió el Circuit Barcelona-Cataluña. Los problemas en los accesos tuvieron su origen en una pugna laboral con los vigilantes de seguridad que se repetiría en la concesión pública que el organismo ha lanzado este abril para contratar al personal de la nueva temporada.
Según ADN Sindical, el pliego de condiciones administrativas del contrato licitado incluye una estimación del coste de cada una de las horas que trabaja el personal por debajo de las tablas pactadas con la Generalitat. El lote que afecta a esta categoría laboral fija en 15,12 euros el coste de estos trabajadores por hora, por debajo de los 15,29 euros fijados en la tabla catalana.
Discrepancia en la retribución Los representantes de los trabajadores indican que no se puede justificar que se han mejorado los 14,10 euros de precio base que se contempla en la normativa marco porque los trabajos que se realizan en el Circuit son durante jornadas festivas. Los trabajadores reciben en estos días una mejora económica que, según el análisis del concurso público, no se habría añadido de forma correcta en esta ocasión.
Si no se realiza la consiguiente subsanación, la gestora de las instalaciones deportivas se expone a otra crisis laboral con el personal de seguridad. El contrato de la temporada anterior ya acabó ante los Mossos d’Esquadra y el Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público (TCCSP) al denunciarse que traspasaban a auxiliares tareas que deberían recaer a un vigilante de seguridad con la formación específica. La redistribución de tareas en el Gran Premio de España de F1 llevó al colapso de las entradas, ya que el Circuit no disponía de suficiente personal para encargarse del filtro.
Problemas económicos El problema de fondo de este contrato público al que se le han pasado las tijeras son las dificultades económicas que arrastra desde hace tiempo el equipamiento deportivo, indican fuentes conocedoras de su día a día. Las actividades que organiza no son suficientes para cubrir los gastos y sigue a flote gracias a las aportaciones de Administraciones Públicas. En 2016 perdió 10,8 millones y se quedó en los 7,5 millones el año siguiente, el último del que se tienen cifras.
La Generalitat inyecta cada año una media de 4,5 millones de euros a la gestora a través de Avançsa, la sociedad pública que se encarga de dinamizar la actividad territorial. La Diputación de Barcelona aporta otros dos millones y el Ayuntamiento de la capital catalana ha comprometido otros siete. La continuidad de esta última inyección de fondos se ha suspendido este abril a raíz de las presuntas irregularidades que han salido a la luz en la auditoría de las cuentas de 2017.
Adjudicaciones bajo lupa La fiscalización del ejercicio afloró más de 500.000 euros en adjudicaciones opacas, tal y como publicó El Mundo. Los gestores del Circuit han puesto en duda las conclusiones del auditor externo y alegan que la sociedad no es un poder adjudicador desde 2012, una cuestión técnica que les permitiría quedarse al margen de las prerrogativas de la contratación pública y que le permitiría corregir los presuntos desvíos.
Existe una investigación en marcha y, por ahora, el equipo de Gobierno de Ada Colau ha dejado claro que no realizará otra inyección de capital para mantener a flote el circuito de Montmeló. Con todo, este anuncio casi se puede enmarcar como una promesa de la precampaña electoral. Será el futuro equipo de gobierno el que indique qué hacer con las aportaciones al Circuit. Deberá decidir si le da o le retira el oxígeno económico que le sustenta.
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