El vandalismo contra trenes y metros se salda con un millón de euros en daños en la Comunitat pese al arresto de una treintena de sospechosos
El sector ferroviario ha estallado contra las crecientes y dañinas acciones de grafiteros, cada vez más violentas y radicales. El arresto de una treintena de sospechosos relacionados con pintadas en la Comunitat durante los dos últimos años no pone freno a la lacra. Tanto Renfe como FGV se ven obligadas a gastarse aproximadamente un millón de euros de dinero público cada año para dejar los vagones en condiciones tras los ataques. Durante el año pasado fueron 233 los trenes afectados en zonas de ámbito autonómico, según las cifras que manejan ambas compañías.
El último golpe policial contra una banda de 18 jóvenes que usaba el sistema del 'palancazo' (bloquear trenes en tránsito para pintarlos) rubrica una realidad sobre la que las empresas ferroviarias pusieron el grito en el cielo el año pasado a través del Observatorio de Civismo en el Transporte Ferroviario. Según la entidad, en la que también está integrada FGV, «los ataques de grafiteros organizados suponen el mayor problema en el ámbito de la seguridad para los operadores ferroviarios». Y el perfil de las bandas se está radicalizando. «Se trata de grupos delictivos coordinados, que descargan indistintamente sobre instalaciones, material móvil, viajeros, empleados y vigilantes de seguridad», lamentaba el sector en su último informe.
Más de 200 vehículos de Renfe y FGV sufrieron ataques el año pasado en distintas zonas A diferencia de los murales, lamentan, «el grafiti ferroviario es siempre ilegal». Los autores cometen «intrusiones en zonas sensibles y violan las leyes de seguridad ferroviaria y los reglamentos de viajeros». Además, remarcan, «de un tiempo a esta parte», su conducta «suele ir asociada a comportamientos violentos y a otros delitos como daños, robos, coacciones, amenazas y agresiones». Y el Observatorio añade: «son grupos numerosos y organizados». Según su experiencia, «también ha aumentado el número de integrantes de los grupos y destaca su elevado grado de planificación y organización». Suelen realizar «acciones preparatorias en las que roban planos, emisoras, uniformes o llaves, inutilizan sistemas de seguridad y destrozan puertas y rejas para tener más fácil la entrada, cometer el ataque y facilitar la salida».
La violencia utilizada, lamentan, «es otra característica de las intrusiones vandálicas que realizan individuos encapuchados, a menudo equipados con barras y sprays irritantes con los que cometen agresiones, coacciones y destrozos en vehículos e instalaciones». Las entradas clandestinas en las instalaciones entrañan «riesgos para los grafiteros, los empleados o los usuarios». Por ejemplo, «el atropello, la electrocución o las caídas». Los operadores ferroviarios integrados en el Observatorio revelan cierta impotencia. Hay «preocupación ante la imposibilidad de implantar acciones de suficiente intensidad que frenen esta grave evolución». Por ello, razonan, «el problema requiere una actuación firme en diferentes ámbitos y coordinada con los responsables de la seguridad pública». Entienden que la envergadura que ha alcanzado el fenómeno «desborda las competencias y los medios de los operadores». Según Renfe, hasta septiembre del año pasado se registraron casi un centenar en pintadas en vehículos y áreas ferroviarias de la Comunitat. Desde FGV cifran en 137 los ataques con aerosoles a metros durante el año pasado, con un gasto de 274.000 euros.
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