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Protestan ante la decisión del Gobierno central de retirarles de sus funciones en los centros penitenciarios de todo el Estado
Sus puestos de trabajo están en juego. Un millar en todo el Estado, alrededor de 50 en Balears, la mitad en Mallorca. Se trata de los vigilantes de seguridad, que junto con efectivos de la Guardia Civil, están en las entradas de las prisiones. El Gobierno central ha decidido ir retirándoles de forma paulatina de los centros penitenciarios, para sustituirles por efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Para defender sus labores ayer al mediodía se concentraron frente a la cárcel de Palma. Fueron convocados por la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de la Unión Sindical Obrera (USO) en una convocatoria que tuvo eco nacional y se llevó a cabo en el conjunto del Estado.
Enterados "por la prensa" Con el calendario electoral ya activado, aún es mayor la zozobra de estos trabajadores, no saben si la decisión gubernamental quedará desactivada o si el ministerio de Interior seguirá adelante con su plan inicial. "Lo más sorprendente es que nos enteramos de la decisión de Interior por la prensa", censura Miguel Sañudo, representante de los vigilantes de seguridad. "No hay excusa", critica, para prescindir de las labores de los trabajadores privados, ni de índole económica ni en lo referente a los efectivos de la Guardia Civil, "no son suficientes".
Los vigilantes privados custodian el acceso a la cárcel de Palma, reforzados por agentes de la Benemérita, de manera similar a la labor que realizan en los controles de seguridad del aeropuerto. Hasta la actualidad no se ha producido ningún problema "ni económico, ni organizativo", recalca Sañudo. En definitiva, no entienden la decisión del ministro Fernando Grande-Marlaska "para dejar a 1.000 familias en la calle". Por el momento los vigilantes privados desconocen cuándo empezaría a aplicarse la medida de rescindir de ellos para custodiar el exterior de los centros penitenciarios. En medio del revuelo generado entre el sector de los trabajadores de seguridad privada por esta medida, se alude a que podría estar generada porque hay empresas de seguridad ligadas al entorno del Partido Popular en las labores de vigilancia en las cárceles.
Vigilancia duplicada Representantes de los funcionarios de prisiones consideran que los vigilantes de seguridad privada no son necesarios en los centros penitenciarios. Para la Asociación Tu Abandono Me Puede Matar, se trata de "un servicio duplicado", explica Antonio Gutiérrez, coordinador de dicha organización en la cárcel de Palma. Los funcionarios rechazan la presencia de los vigilantes. Prefieran que solo haya guardias civiles y que los fondos destinados a pagar la seguridad privada se destinen a otros servicios. "El vigilante no nos da seguridad", advierte Gutiérrez. Es más, reclaman que la garita de seguridad de la entrada no está bien situada y en lugar de controlar la entrada de los funcionarios tendría que ser un control previo de los visitantes.
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