La delincuencia en Catalunya vive un momento dulce. Los amigos de lo ajeno que saquean casas y atracan a personas impunemente se aprovechan de la falta de efectivos policiales y del fracaso clamoroso del sistema judicial para atender este fenómeno.La situación es crítica y lo evidencian los últimos datos oficiales del Ministerio del Interior. Es falso que este sea un fenómeno general. Madrid está consiguiendo darle la vuelta a la tortilla y los delitos se reducen, mientras que en Barcelona o Girona aumentan con porcentajes escandalosos. El problema es muy alarmante para los ciudadanos porque no hay nada más preciado que la seguridad personal. Por eso, se están organizando comités de defensa de los robos (CDR). Desde vecindarios que han tomado medidas de protección hasta grupos de padres que se turnan para evitar que sus hijas, especialmente, vayan solas por la calle.
Los ayuntamientos están muy preocupados. Han redoblado esfuerzos y han sacado dinero de otras partidas para incrementar la vigilancia. Incluso han resucitado a los serenos o han implantado los llamados agentes cívicos, nombre eufemístico que se ha dado a los vigilantes de empresas privadas de seguridad de toda la vida que cuentan ahora con el beneplácito de la Generalitat. Las víctimas de este estado delincuencial son diversas porque los ladrones y atracadores no hacen distinciones a la hora de asaltar una casa. Da igual que el domicilio violado sea de un político, de un policía o de un juez. El problema es tan generalizado y está tan en boca de todos que sorprenden ciertas decisiones de algunos responsables institucionales.
Me refiero a la reciente orden del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que obliga a los Mossos d’Esquadra a destinar una patrulla policial en cada una de las sedes de las cuatro audiencias provinciales y de los 49 juzgados catalanes. Esta orden se emitió tras el volcado de estiércol en la puerta de varios edificios judiciales y después de que el fiscal de la Audiencia Nacional dudara de la imparcialidad de los jueces que trabajan en Catalunya para juzgar causas vinculadas con el proceso independentista. La orden del TSJC que ha movilizado a decenas de mossos llega en el momento más inoportuno dada la alarma social en la sociedad catalana por la crisis delictiva que sufren los ciudadanos. Esta instrucción judicial es inoportuna por dos razones. En primer lugar, por el impacto negativo que tiene en la seguridad porque esta notable merma de policías que dejan de patrullar en las calles se añade al déficit estructural de efectivos.
Y la segunda razón que convierte esta decisión en inapropiada es la existencia de alternativas menos lesivas para la sociedad, como la contratación de empresas de seguridad que garantizarían completamente la pretensión última de cubrir la vigilancia de los juzgados sin tener que retirar policías de sus tareas de prevención del delito. La buena noticia de este asunto es que la orden judicial es reversible ya que el presidente del TSJC podría revocarla mañana mismo y dar instrucciones para que profesionales de la seguridad privada se ocupen de proteger los juzgados. Eso aliviaría la crisis de inseguridad y emitiría una señal de generosidad y comprensión por parte de los jueces hacia sus convecinos.
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