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19 de febrero de 2019

SANTANDER: Los vigilantes de El Dueso denuncian que Interior quiere retirar la seguridad privada de las cárceles

Esta iniciativa del Gobierno de España supondrá el despido de 33 trabajadores en Cantabria, la mayor parte con edades superiores a los 45 años y muchos de ellos con una experiencia de 20 años ejerciendo de escoltas de políticos en el País Vasco

Cerca de un centenar de trabajadores de seguridad privada de Cantabria se han concentrado este lunes en la puerta de la cárcel de El Dueso, en Santoña, para denunciar los planes del Ministerio del Interior de retirar la vigilancia privada en las áreas perimetrales de los centros penitenciarios. El secretario general de la Federación de Trabajadores de la Seguridad Privada (FTSP) de USO en Cantabria, Gerardo Prieto, ha alertado de que si se lleva a efecto esta iniciativa del Gobierno de España supondrá «el despido de 33 trabajadores en Cantabria, la mayor parte con edades superiores a los 45 años, que tienen tras de sí un amplia trayectoria profesional«.

En este sentido, Prieto ha destacado en un comunicado que «el 80 % de estos trabajadores han estado durante 20 años ejerciendo de escoltas de políticos en el País Vasco durante los años de la amenaza terrorista de ETA». Ha considerado que la iniciativa del Ejecutivo de Pedro Sánchez tiene «un marcado político y está muy alejado de dotar de mayor seguridad a los centros penitenciarios o aporte algún ahorro a las arcas públicas».

En opinión del representante sindical de FTSP de USO, la vigilancia perimetral de las cárceles no puede ser asumida por la Guardia Civil por «su falta endémica de efectivos». O retiran componentes de la benemérita de las calles, donde ya escasean, o dejan de cubrirse los servicios de seguridad en las prisiones«, ha apostillado. Por otro lado, Prieto ha negado que el coste de la vigilancia privada sea mayor que la realizada por la Guardia Civil. Ha opinado que el adelanto de las elecciones generales otorga «un carácter más oportuno a la concentración» de este lunes, porque permite difundir el «compromiso» con la seguridad y la «profesionalidad» de este colectivo que «durante los últimos 6 años» ha acometido labores de vigilancia en las prisiones «sin que se haya registrado ningún incidente».

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