El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Ortiz, tienen muy claro que la mejor manera de hacer frente al conflicto que tienen con los funcionarios de prisiones es utilizar la táctica del divide y vencerás.
Su última medida, ajena al conflicto en sí, ha sido el anuncio por parte de Ángel Ortiz, en la Comisión de Interior, de la retirada de los vigilantes de seguridad que prestan servicio en el exterior de las cárceles. En mano de empresas privadas, serán las fuerzas de seguridad del Estado las que vuelvan a acometer esta función. “Esta decisión, de hacerse realidad, abocará al desempleo a más de un millar de vigilantes de seguridad de todo el territorio nacional. Se trata de una decisión política populista y un acto de sumisión del Gobierno e Instituciones Penitenciarias ante las reivindicaciones de los sindicatos de prisiones contra la seguridad privada en las cárceles”, señalan desde la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de la Unión Sindical Obrera (FTSP-USO).
¿Y qué opinan desde los sindicatos? Desde Acaip (Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias), apuntan que “no resuelve nada”, mientras que desde UGT aplauden la medida ya que con la misma se generará un ahorro que servirá para alcanzar las metas de la subida salarial que viene demandando el colectivo. Posturas encontradas (y buscadas por Marlaska) ante un conflicto que supera el año de disputa, y cuya razón de ser, entre otras medidas, son los 123 millones de euros que reclaman los funcionarios de prisiones a repartir entre los ejercicios 2019 y 2021 (subida que en su momento fue aprobada para luego dar marcha atrás). Es decir, que no llega a 40 millones anuales.
Según UGT, con la retirada de la seguridad privada de las cárceles, el Estado se ahorraría 34 millones de euros, cantidad que serviría para poner fin al conflicto. Desde FTSP-USO manifiestan que “esta medida obligará al Gobierno del señor Sánchez a incrementar los costes presupuestarios y a retirar de las calles a miles de Guardias Civiles que deberían dedicarse a proteger y velar por la seguridad de los ciudadanos en el ámbito donde son más efectivos en lugar de destinar parte de este coste económico a incrementar la plantilla de funcionarios de prisiones, a mejorar sus salarios y sus condiciones de trabajo”. Esta táctica por parte del Ministerio del Interior no es nueva frente a un colectivo donde hay variedad de fuerzas sindicales y asindicales. En las últimas navidades, Marlaska concedió la ‘bufanda’ (el complemento de productividad) a cargos directivos de las cárceles y a personal sanitario discriminando al resto.
LA ‘VENDETTA’ DE MARLASKA Cuatro son las funciones que tienen asignadas las empresas de seguridad privada de prisiones: vigilancia de los controles de acceso, impedir salidas no autorizadas, comunicación de alarmas e incidencias, y manejo y observación de los sistemas técnicos de vigilancia. “¿Cómo van a cubrir estas bajas teniendo en cuenta la escasez de personal en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado?”, se preguntan desde FTSP-USO. Policía y Guardia Civil están bajo mínimos. “Quitar esos efectivos de las calles es muy complicado”, añaden desde FTSP-USO. A la par que añaden la incertidumbre para ese millar de familias que no saben cuál será su futuro. Además, desde Interior no han indicado cuándo, ni cómo, ni de qué manera se hará esa sustitución. Con su futura retirada de este tipo de centros, Marlaska también conseguirá su particular vendetta con el Partido Popular ya que las empresas que prestan este servicio formalizaron sus contratos durante el Gobierno del PP. Renovados anualmente, en la actualidad dan este servicio compañías como Ombuds, Coviar y Eulen aunque varían según los años.
El secretario general de Instituciones Penitenciarias también ha aportado su particular grano de arena a esta especie de ‘venganza’ contra el PP acusándoles de haber dejado “huérfanos” a los funcionarios de prisiones durante su anterior mandado a la par que subrayó que ha mantenido diferentes reuniones con los sindicatos para mejorar sus condiciones laborales. “Quieren abrir nuevas mesas de negociación pero no lo han hecho hasta el momento. Solo queremos lo que nos corresponde, no lo mismo que los policías”, precisan desde Acaip. El Ministerio del Interior tiene un presupuesto de 1.196 millones de euros, un 3% superior al de 2018, y su intención es ir rescindiendo de manera paulatina los contratos con las empresas de seguridad privada a la par que se incrementan los de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Por otro lado, las vacantes que presentan los funcionarios de prisiones supera los 3.000 efectivos.
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