El partido socialista someterá este martes a votación en el Congreso un nuevo texto que solo pide limitar el uso de billetes dentro de la normativa europea.
El PSOE ha realizado una auto enmienda a su proposición no de ley (PNL) y ya no reclamará “la eliminación gradual del pago en efectivo, con el horizonte de su desaparición definitiva”, como figuraba en el texto legal. Según fuentes socialistas, se ha realizado una precisión en los términos del texto, adelantado por EL PAÍS el pasado 13 de junio, y lo que se someterá a votación de la Comisión de Hacienda este martes será una propuesta que aboga por limitar el uso del efectivo a largo plazo, buscando un consenso entre las fuerzas políticas y manteniéndose en los márgenes establecidos por la Unión Europea.
Fuentes socialistas insistieron que su intención no es iniciar una guerra para la desaparición de los billetes en los pagos sino que buscan pedir la Gobierno que se implanten medidas que favorezcan la transparencia en las transacciones entre profesionales. También recuerdan que la proposición no de ley tiene como objetivo favorecer la concienciación social, es decir, que los ciudadanos entiendan lo importante que es hacer frente a las obligaciones fiscales para financiar los servicios públicos básicos, como la sanidad y la educación.
Poco antes de que se conociera esta posición explica por el PSOE a este periódico, el Observatorio Sectorial de la Seguridad Privada, integrado por las organizaciones sindicales FeS-UGT, CC OO de Construcción y Servicios y FTSP-USO y la patronal Aproser (Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad), sacaron un comunicado conjunto en el que mostraron su desacuerdo ante propuesta socialista inicialmente presentad, que hacía referencia a la progresiva supresión del dinero en efectivo hasta su desaparición definitiva. Los firmantes instaron al resto de los grupos parlamentarios a no respaldar la propuesta “dados los múltiples perjuicios que puede causar en la sociedad”.
Transparencia fiscal
La propuesta sí insistirá en que es necesario garantizar el mantenimiento del Estado del bienestar, ante la “incesante solicitud de bajadas indiscriminadas de impuestos”, el resurgimiento de la economía sumergida y un “quebranto de la confianza en el sistema instigado de manera interesada por una minoría ruidosa”. Para el PSOE estos elementos constituyen “la peor debilidad y amenaza para el Estado y la propia democracia”. La propuesta de eliminar el efectivo es contraria a los criterios de la Comisión Europea y del Banco Central Europeo (BCE), ya que ya que vulnera los principios del Tratado de la Unión Europea, que establece que los billetes y monedas de euro son de curso legal, lo que imposibilitaría que el Gobierno tomara esta medida.
La Comisión Europea ya aclaró esta posición en 2010, cuando determinó que “la norma debe ser la aceptación de billetes y monedas en euros como medio de pago en transacciones minoristas”. Y continúa: “Una denegación de esta forma de pago solo debería ser posible si se basa en razones relacionadas con el principio de buena fe, como que el minorista no tenga cambios disponibles”, apunta la Comisión. Por otro lado, el Ministerio de Hacienda si mantiene su hoja de ruta para plantear una reforma legal, quizá para este mismo año, que rebaje de 2.500 a 1.000 euros los pagos en metálico entre profesionales, ya que entre particulares seguirían limitados a 2.500 euros, como ya intentó el Gobierno socialista en 2019, sin éxito.
El sector de la seguridad privada ha insistido en que la iniciativa va en sentido contrario a las ya adoptadas por diversos países, y apuntan el caso de las autoridades suecas quienes, aseguran, están imponiendo a las entidades financieras la aceptación del efectivo ante las graves consecuencias sociales del proceso de gradual eliminación de su disponibilidad. Las organizaciones creen que la experiencia de otros países cuyos modelos demuestran que no existe un vínculo directo entre los porcentajes de utilización del efectivo y los niveles de economía sumergida: “Alemania es el país con mayores niveles de uso del efectivo y, al mismo tiempo, una economía modélica en cuanto a sus niveles de fraude”, afirman.
Según las organizaciones, y de manera específica, creen que la medida perjudicaría a 12,3 millones de personas en riesgo de pobreza y exclusión social en España y a casi uno de cada cinco españoles que viven en zonas rurales. Además, han recordado que afecta directamente a los más de nueve millones de pensionistas, de los que más de 2 millones no viven acompañados, y que suelen realizar de forma mayoritaria sus pagos y operaciones comerciales mediante dinero físico.
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