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La propuesta del PSOE, conocida este sábado, de eliminar gradualmente el efectivo en España ha resultado ser contraria a los criterios de la Comisión Europea y el Banco Central Europeo (BCE).
El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado en el Congreso de los Diputados una propuesta no legal que solicita «la eliminación gradual del pago en efectivo, con el horizonte de su desaparición definitiva», y que está pendiente de encontrar una fecha para su debate. Sin embargo, esta iniciativa, llevada a cabo por EL PAÍS, viola los principios del Tratado de la Unión Europea, que establece que los billetes y monedas en euros son de curso legal, lo que haría imposible que el Gobierno tome esta medida.
La Comisión Europea ya aclaró esta posición en 2010, cuando determinó que «la norma debería ser la aceptación de los billetes y monedas en euros como medio de pago en las transacciones minoristas». Y continúa: «Una denegación de esta forma de pago solo debería ser posible si se basa en razones relacionadas con el principio de buena fe, como que el minorista no tiene ningún cambio disponible», dice la Comisión.
Por otro lado, el Ministerio de Finanzas admitió que se está considerando una reforma legal, tal vez para este año, que reducirá los pagos en efectivo entre individuos de 2.500 a 1.000 euros, como ya lo intentó el gobierno socialista en 2019, sin éxito. La medida se enmarca en una serie de propuestas que buscan poner fin a la economía sumergida y aumentar la recaudación de impuestos ante las necesidades que la pandemia ha impuesto. Con respecto a esta propuesta, el BCE, la autoridad monetaria, tiene una posición contraria, ya que considera que es «desproporcionada» porque entiende que limitar excesivamente el uso de billetes o favorecer su desaparición dañaría a los grupos sociales más vulnerables, como el ancianos, inmigrantes y habitantes de zonas rurales.
El riesgo de la moneda de curso legal. La posición del BCE, que no es vinculante, se expresó en febrero de 2019, pero todavía es válida hoy, como ha aprendido este periódico. A solicitud del Banco de España, el Banco Central declaró que considera que la reducción del límite de pago en efectivo a 1,000 euros es «desproporcionada, a la luz del impacto potencialmente adverso que tendría en el sistema de pago en efectivo. De hecho, este límite dificulta la liquidación de transacciones legítimas y pone en peligro el concepto de moneda de curso legal consagrado en el Tratado «.
En una carta firmada por el propio Mario Draghi, ex presidente del BCE, advierte que poner fin al efectivo podría ser un problema cuando hay fallas en «las infraestructuras técnicas subyacentes utilizadas por los proveedores de servicios de pago», es decir, problemas con el suministro de electricidad o la red de Internet. También le recuerda al Gobierno que “el efectivo es apreciado como un instrumento de pago porque es aceptado por todos, rápidamente y facilita el control del gasto del pagador. Además, es el único medio de pago que permite a los ciudadanos realizar transacciones líquidas e instantáneas sin tener que pagar tarifas por el uso de este medio de pago. De esta manera, insinúa que el uso de tarjetas por parte de los ciudadanos permitiría a los bancos establecer comisiones que son imposibles de evitar si el uso de transacciones electrónicas se hace obligatorio. En 2019, el Gobierno también consideró limitar los pagos en efectivo realizados por personas que no son residentes fiscales en España a 10.000 euros. El BCE dijo que esta medida no estaba justificada y que la sanción establecida en el proyecto de ley, el 25% del monto pagado, «parece desproporcionadamente alta».
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