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El caso prescribió, pero la Fiscalía intenta que la familia del fallecido sepa qué pasó.
La Audiencia Nacional ha decidido abrir diligencias e investigar el atentado ocurrido hace 38 años en las oficinas que tenía General Motors en la calle del Capitán Portolés número 1 cuando se estaba instalando en Zaragoza.
La fiscal Carmen Monfort se puso a trabajar en el caso hace unos meses tras reunirse con el hijo del vigilante de seguridad Jesús Argudo Cano, al que mataron de un disparo tres terroristas encapuchados el 2 de mayo de 1980. "Es un asunto tan extraño que algo tenemos que hacer", dijo la fiscal a la familia de la víctima, sin ocultar, eso sí, que después de casi cuatro décadas, el delito ha prescrito. De hecho, lo único que pretende es saber qué paso realmente para poder aliviar su dolor.
La Guardia Civil está investigando el atentado entrevistándose con personas que conocían a los grupos terroristas Frava (Frente Revolucionario Antifascista Vascoaragonés) y FRAP (Frente Revolucionario Antifascista y Patriota), que reivindicaron la muerte del vigilante mediante llamadas telefónicas a los diarios ‘El País’ y ‘Aragón Express’. También ha cursado visitas a diferentes archivos, pero poco ha trascendido, ya que las diligencias son secretas. El hijo del fallecido acudió al Archivo Histórico Provincial y solicitó información sobre el asesinato de su padre. Fue entonces cuando le sacaron una carpeta con abundante documentación y con una única palabra en la portada: "Sensible". De hecho, a Jesús Argudo solo le permitieron leer una página, la reivindicación del FRAP. Ahora espera que los investigadores de la Guardia Civil accedan a esos datos.
El atentado nunca se investigó, ya que el Juzgado de Instrucción número 3 lo archivó a los veinte días y la Audiencia de Zaragoza, mes y medio después. Pese a ello, en una respuesta en el Congreso de los Diputados, el entonces ministro del Interior, Juan José Rosón, dijo: "Se ha producido la aparición, afortunadamente hasta el momento como embrión, de otros grupos, como al parecer, fue la reactivación del FRAP con un atentado en Zaragoza".
Aunque dos ejecutivos de la General Motors (Norman Parker y Richard Yutendake), que fueron testigos del suceso, llegaron a declarar en el juzgado, el atentado hizo que cinco directivos regresaran en un avión de la Base americana a su país poco después. "Un ejecutivo de la GM se personó en nuestra casa y le dijo a mi madre que la muerte de mi padre no tenía nada que ver con su empresa", recuerda Jesús Argudo, quien añade que la compañía contrató seguridad quince días antes del atentado, aunque llevaban cuatro meses instalados en las oficinas de Capitán Portolés.
El hijo de la víctima lamenta que, pese a que la muerte de su padre fue "un atentado terrorista reivindicado por bandas terroristas", ningún político aragonés fue al entierro ni se publicó una sola esquela en los periódicos. "Está claro que a nadie le interesaba que se investigara este atentado", dice Argudo.
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