El TSJA evidencia la necesidad de "frenar" la litigiosidad, que en España presenta una de las cifras más altas de Europa.

El TSJA lamenta "un año más" que no se aborden las reformas legislativas y organizativas reclamadas

El presidente presenta la memoria del tribunal y apela a un compromiso político ante un problema que "está hablado y diagnosticado"

La Memoria del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) correspondiente a 2017 incide "un año más" en la necesidad "inmediata y urgente" de configurar un sistema judicial que posibilite "una Justicia eficaz", para lo que apela a "un compromiso político" y la voluntad de "afrontar las necesarias reformas, al margen de intereses particulares". El informe, que ha sido presentado este jueves por el presidente del TSJA, Lorenzo del Río, lamenta, asimismo, sobre "la parálisis legislativa" que "está impidiendo las reformas que nuestra Justicia necesita" y alerta, en este sentido: "Sería una pena que transcurriera la tercera legislatura sin avanzar el consenso político que se precisa para ello".

En este contexto, el presidente del TSJA ha calificado de "frustrante" la ausencia de compromiso político ante un problema "que no es de ideas, pues todo está hablado y las necesidades son conocidas y diagnosticadas", pero "como muchos años, por desgracia" el sistema organizativo de la Justicia en España "hace agua" y no se avanza en la concentración de recursos", una iniciativa que califica de "signo de modernización" y que "todos los países de nuestro entorno tienen". Así, el informe anual del TSJA critica "la habitual dispersión organizativa y territorial", una situación sobre la que Del Río lamenta que "el camino recorrido es decepcionantemente corto, como reiteramos año tras año, al tiempo que denunciamos que el actual sistema es insostenible y poco operativo", un contexto de "cierta desesperanza" ante "el olvido y la inacción" de quienes tienen "responsabilidad y capacidad legal y económica" para arbitrar "soluciones que permitan superar esta calidad".

Apenas se han producido cambios durante 2017 en relación con las descritas desde 2010, salvo algunos avances en el proceso de digitalización, según la Memoria, que, además, reseña que "sigue sin abordarse" la Oficina Judicial, un proyecto presentado por la Junta de Andalucía en 2005, que "sigue sin abordarse" porque "parece resistirse la Administración autonómica", con lo que "se lastra cualquier posibilidad de eficiencia" en la organización y funcionamiento y, "con ello, toda perspectiva de mejora en la calidad del servicio que prestamos". El documento presentado ahora, que presenta un cuadro estadístico y analítico de la Justicia en Andalucía, detecta un descenso del 3 por ciento en el total de asuntos que desembocaron en los juzgados aunque el porcentaje es "demasiado elevado" para los recursos y el sistema organizativo, "deficitario y sumamente rígido", al tiempo que evidencia la necesidad de "frenar" la litigiosidad, que en España presenta una de las cifras más altas de Europa.

Los andaluces, en este escenario, continúan entre los que más litigan en tribunales, con porcentaje superior al índice nacional (126,1 por cada mil habitantes, que en Andalucía sube a 145,3), solo superada por Canarias.

La Memoria mantiene otro dato estadístico repetido año a año: los procedimientos penales suponen el 62 por ciento del total (un descenso del 5 por ciento), mientras la civil acapara el 28 por ciento, seguido de la jurisdicción social (el 6 por ciento),la contencioso-administrativa (el 4). El documento también registra un aumento "preocupante" de los despidos que se analizaron en los juzgados de lo Social, un aumento del 12 por ciento si se compara con los dos ejercicios anteriores. También aumentaron los desahucios, mientras descendían los embargos.

Las cláusulas suelo motivaron, por otra parte, un aumento del 4 por ciento en la jurisdicción civil, lo que rompió la tendencia al descenso que se venía registrando en años anteriores. "La delicada situación generada en esta materia", refleja la Memoria, "deriva en una escalada de asuntos civiles e innumerables reclamaciones a la entidades de crédito por parte de los consumidores, lo que afecta sensiblemente al funcionamiento de nuestros juzgados y tribunales, máxime cuando nuestro territorio asume más del 20 por ciento del registro a nivel nacional". La propuesta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que especializó un juzgado de primera instancia en cada provincia, "debería haber venido acompañada de medidas de refuerzo", pero la Memoria apunta a "no se han cumplido enteramente las necesidades de refuerzo, de forma que se carece del número suficiente de funcionarios" para el volumen de ingresos que se registra ni tampoco "de forma incomprensible" se destinaron letrados d la Administración de Justicia con dedicación exclusiva.

Durante 2017 los órganos judiciales resolvieron 1.193.348 asuntos (un 7 por ciento menos que 2016), quedando pendientes 508.440 (un incremento del 3 por ciento que rompe la caída de idéntica cifra el año anterior. Por tanto, la tasa de resolución ha sido un 0,99 por ciento menor al ejercicio pasado. La tasa de congestión, que refleja los asuntos registrados más los pendientes, así, es superior a los casos que se resuelven. Por ello, la Memoria señala como imprescindible la creación de plazas judiciales, planes de refuerzo, optimización de órganos y propuestas organizativas "reiteradas cada año" para "incrementar nuestros niveles de eficacia", que sin embargo "quedan paralizadas o en el olvido".

FUENTE: www.elmundo.es AQUÍ