Grupos políticos como VOX, PNV y PDeCAT habían registrado enmiendas a la totalidad, y Esquerra Republicana había avisado de que no apoyarían el texto mientras invadiera competencias autonómicas
La convocatoria de elecciones anunciada este lunes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para el próximo 23 de julio, tendrá como consecuencia la disolución de las Cortes y, por tanto, que leyes como la de Familias, Servicios Sociales, Trata o Proxenetismo, no vayan a poder seguir siendo tramitadas. La Ley de Familias, que fue aprobada definitivamente en Consejo de Ministros hace dos meses, el pasado 28 de marzo, recoge entre otras medidas el reconocimiento de la diversidad de las situaciones familiares así como nuevos permisos retribuidos para el cuidado de hijos, padres y convivientes.
La norma, que era una de las apuestas del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, que dirige Ione Belarra, creaba tres permisos de cuidados: uno por cuidado de cinco días al año, retribuidos, para atender a un familiar hasta segundo grado o conviviente; otro de ocho semanas, para disfrutar de forma continua o discontinua, hasta que el menor cumpla ocho años, y otro de cuatro días por ausencia para atender a un familiar que requiera atención inmediata, por ejemplo, "para cuando te llamen del colegio porque el niño o la niña se ha puesto enfermo", tal y como explicó la ministra Belarra.
Asimismo, ampliaba la renta crianza de 100 euros al mes a las familias con hijos hasta los 3 años, una extensión que incluía a todas las madres que estuvieran percibiendo una prestación por desempleo, contributiva o no y también a las que, sin reunir los requisitos previamente, cotizasen 30 días a partir del parto. Del mismo modo, reconocía el derecho a la atención temprana, gratuita y de calidad y no limitada a la primera infancia.
"Negociando la norma" Hace dos semanas, el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, explicó que todavía estaban "negociando" la ley de familias y que, por ello, habían tenido que prorrogar el plazo de enmiendas. Grupos políticos como VOX, PNV y PDeCAT registraron enmiendas a la totalidad, y Esquerra Republicana avisó de que no apoyarían el texto mientras invadiera competencias autonómicas. La ley de Belarra también había despertado las críticas de las familias numerosas que, el pasado 11 de mayo, entregaron en el Congreso 72.528 firmas en contra de la desaparición del título de familia numerosa, que la norma sustituía por un nuevo Título de Familias con Mayores Necesidades de Apoyo a la Crianza.
Derechos Sociales también ve cómo se quedará en el aire la que podría haber sido la primera ley de servicios sociales de la democracia, con la que se pretendían establecer unos servicios y prestaciones mínimas para todo el territorio español. En concreto, la norma establecía que las comunidades autónomas deberían acordar en el seno del Consejo Territorial, un mínimo común de servicios básicos para todo el territorio nacional, incluyendo las ratios de profesionales, con el objetivo de fomentar la igualdad en el territorio, entre otras medidas.
Ley de Trata El Gobierno no podrá culminar tampoco la tramitación de la Ley de Trata impulsada por el Ministerio de Justicia y que el Consejo de Ministros aprobó en primera vuelta en noviembre de 2022. Este texto recoge medidas y reformas en el Código Penal para abordar, según explicó la ministra del ramo, Pilar Llop, "de manera integral todas las formas de explotación", incluida la laboral e incidir "en la desincentivación de la demanda" para "desarticular" las redes de explotación. El proyecto de ley recoge una acreditación civil para víctimas de estos delitos sin necesidad de denunciar, además de medidas de protección y asistencia para las mismas.
Esta Ley de Trata provocó diferencias entre los socios de Gobierno ya que, antes de su presentación por parte de Justicia, el Ministerio de Igualdad de Irene Montero, ya había anunciado su intención de presentar una norma sobre este tema. El equipo de Montero, de hecho, calificó de "insuficiente" la ley de Llop. Justicia también verá frustrada su intención de aprobar una norma que modifique el procedimiento de determinación de la edad de los menores migrantes. Este texto está siendo analizado por los organismos correspondientes y aún debía pasar por el Consejo de Ministros en segunda vuelta.
Prohibición del proxenetismo Otra iniciativa que acaba ahora su camino hacia la aprobación es la ley del PSOE para prohibir el proxenetismo en todas sus formas. Este texto nación tras el desencuentro de los socialistas con sus socios en el Parlamento durante el debate de la Ley del 'solo sí es sí'. El PSOE quería endurecer el ejercicio de la prostitución a través de enmiendas a dicha norma, lo que no convenció a la mayoría de los partidos que sustentan al Gobierno desde el Congreso. La situación llegó a poner en peligro la aprobación de la Ley del 'solo sí es sí'. Finalmente, los de Pedro Sánchez cedieron para que el texto saliera adelante pero presentaron su propia ley con estas propuestas.
Ley de desperdicio alimentario Otras iniciativas que decaen tras la convocatoria de elecciones son la Ley de desperdicio alimentario, la norma de Unidas Podemos sobre concesión de nacionalidad española a los saharauis nacidos bajo la soberanía española o las iniciativas que proceden de decretos del Gobierno de medidas contra la brecha de género en los ámbitos de la Seguridad Social y económico o para la mejora las condiciones laborales de las empleadas del hogar, que también se encontraba en periodo de enmiendas, en este caso desde el pasado octubre. Todas ellas se encontraban en periodo de enmiendas en la Cámara alta.
Junto a estas iniciativas, decaen otras propuestas de ley que habían sido registradas en el Congreso y ni siquiera habían llegado a ser debatidas en el Pleno para su toma en consideración, como las leyes de Ciudadanos para legalizar la gestación subrogada, para recuperar la asignación por hijo a cargo, o la norma para priorizar la custodia compartida en caso de divorcio. Tampoco se ha llegado a tomar en consideración en esta legislatura la propuesta de Vox para modificar el funcionamiento de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE).
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