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María del Mar Ruiz lleva 20 años trabajando en el control de acceso en la terminal de salidas en el aeropuerto de Málaga. Es una de los 300 empleados que se encarga de filtrar a los pasajeros y al equipaje para garantizar que no se cuele ningún objeto o elemento que ponga en peligro la seguridad de la infraestructura y de los propios vuelos. Desde este jueves, está en huelga junto al resto de sus compañeros para demandar que la actual empresa adjudicataria de estos servicios, la murciana Grupo Sureste Seguridad, cumpla con las condiciones laborales que fija el convenio colectivo estatal. «Ni se respeta el convenio estatal ni se respetan los derechos adquiridos», ha asegurado a este periódico desde la concentración que se ha realizado este jueves, frente a la puerta de acceso de la terminal de salidas.
Ahí se han congregado unos 80 trabajadores para mostrar su desacuerdo contra la empresa que los emplea en estos momentos, pancarta y silbato en mano, y solicitar que «se cumpla, simplemente, lo que marca el convenio colectivo estatal». Según los sindicatos que secundan esta huelga, UGT, CCOO, USO, SINAI y CSIF, los problemas se remontan a diciembre de 2020, fecha en la que se hace cargo del servicio de vigilancia la ya mencionada empresa, tras ganar el concurso de adjudicación de Aena. «La empresa ha hecho una oferta tan a la baja que no le salen las cuentas y para corregir su error, ha recortado en las nóminas y en los derechos adquiridos de los trabajadores», ha explicado Juan Carlos Osto, el responsable del sector de seguridad de UGT.
En la cuenta de cada trabajador, así se ha denunciado, los recortes que habría ejecutado el Grupo Sureste dejan una nómina que no llegarían ni a los 1.000 euros. Sin embargo, la carga de trabajo sí habría aumentado, con unos cuadrantes que plantean seis días de trabajo seguidos de tres de descanso. «Hemos llegado a un punto en el que yo ganaba más en los primeros meses de la pandemia, con el aeropuerto, prácticamente, sin actividad, que ahora que se ha recuperado gran parte del transito aéreo», ha agregado María del Mar Ruiz.
El cambio de empresa ha puesto de manifiesto, según los trabajadores, una perdida notable de masa salarial y de derechos adquiridos. En este sentido, también culpan de ello a Aena, que es la encargada de diseñar los concursos de adjudicación. «El único criterio que sigue Aena es otorgar el servicio a la empresa más barata», ha explicado Osto la razón que habría detrás de un 'dumping' de precios que luego pone en aprietos a las propias empresas adjudicatarias.
La compañía Sureste Seguridad se ocupa de las tareas de seguridad en los filtros de control de pasajeros y equipajes desde diciembre de 2020, según los sindicatos. Heredó el servicio de ICTS y tendría la concesión hasta diciembre de 2022, con la opción a un año prorrogable. «Las empresas grandes del sector, que tradicionalmente se ocupaban de la seguridad en los aeropuertos, han dejado de concurrir porque saben que con las ofertas que han lanzado algunas empresas es imposible que sea una actividad rentable», ha enfatizado Osto.
El comité de empresa de Sureste Seguridad en el aeropuerto de Málaga ha denunciado también la «nula» voluntad de interlocución por parte de los responsables empresariales: «Quieren que nos aburramos». El comité ha asegurado, no obstante, que mantendrá de manera indefinida las concentraciones los jueves y viernes de cada semana, entre las 10.00 y las 12.00 horas. «No descartamos ampliar la huelga», se ha advertido. Por ahora, el primer intento de llegar a un acuerdo entre las partes, a través del Sercla, ha fracasado. Los trabajadores también han pedido a la dirección del aeropuerto de Málaga que intervenga. De momento, la huelga no está causando retrasos ni grandes inconvenientes a los pasajeros que viajan desde el aeropuerto de Málaga.
La empresa asegura que cumple Fuentes oficiales de Sureste Seguridad han rebatido a este periódico los argumentos expuestos por los trabajadores en huelga. Según se asegura, «la empresa cumple con lo marcado por el convenio colectivo». Además, también se señala que el conflicto está en un plus de productividad que los trabajadores pretenderían heredar tal y como se acordó con la antigua empresa adjudicataria. Por otra parte, la empresa considera que esta huelga constituye a «un chantaje» de los trabajadores y que llega en un momento en el que este conflicto laboral ya está a la espera de un dictamen de un juez. No obstante, Sureste Seguridad ha resaltado que no se cierran a una interlocución con el comité de empresa, al «priorizar ante todo la paz social».
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