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Así lo ha hecho hoy el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López, durante una visita a los juzgados de Plaza de Castilla, donde se ha reunido con los responsables de seguridad y vigilancia de todas las sedes judiciales madrileñas. Según López, se trata de un servicio “del que debemos sentirnos orgullosos, que se ha hecho indispensable y que ha alcanzado grandes cotas de eficacia y eficiencia durante el último año y medio, periodo marcado por la emergencia sanitaria provocada por la covid-19 y por los estragos que, el pasado mes de enero, provocó la borrasca Filomena” en la región.
El consejero subrayó que, desde la declaración del primer estado de alarma, los vigilantes fueron responsables de tareas fundamentales como la limitación de aforos o el control de las medidas de prevención frente al virus. Además, puso de manifiesto que, durante los peores días de ‘Filomena’, fueron estos operarios los que se encargaron de despejar los accesos a los edificios e, incluso, hubo vigilantes que se vieron obligados a permanecer dos días ininterrumpidos de servicio sin poder dejar el puesto porque no podían llegar refuerzos.
MEJORAS TECNOLÓGICAS Recientemente, la Comunidad de Madrid ha licitado el nuevo contrato de seguridad para las sedes judiciales, con un aumento presupuestario de 4,1 millones de euros respecto al año 2020. Este incremento obedece a que hay más conflictividad en los juzgados, lo que ha llevado a elevar un 27% las sedes que contarán con servicio armado, pasando de 19 a 26; así como el número de vigilantes, de 309 a 340, lo que se traduce en un aumento de cerca del 10%.
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