Nuestro país tiene autorizadas cerca de tres millones de armas. Esos registros no recogen las armas reglamentarias de los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Ejército, ni tampoco las de uso deportivo, sean de fuego o no. De todas ellas, unas 8.500 son cortas del tipo B, dedicadas a la autodefensa particular.
Para poder obtener la licencia de este tipo de armas, es necesario estar en un “supuesto de especial riesgo”. La defensa de personas o bienes, por sí sola, no justifica la concesión de la licencia B. Además, es la directora general de la Guardia Civil quien autoriza este tipo de licencias que tienen una vigencia de tres años, sin admitir renovación automática, es decir, el interesado tiene que adjuntar un certificado de aptitudes psicofísicas y de antecedentes penales, así como de violencia de género. Por provincias, Madrid es la que mayor número de armas cortas con licencia B posee, 2.500. En Ourense son unas 90. Al contrario de lo que ocurre en Estados Unidos, donde el uso de armas en defensa propia está permitido, en España este uso está restringido previa autorización y justificación de su uso. La ley obliga a resguardar las armas de fuego en lugar seguro y comunicar inmediatamente su extravío o sustracción.
Antes de la pandemia saltó el debate sobre si los españoles, sin antecedentes penales y en pleno uso de sus facultades mentales, podían disponer de un arma en su casa para usarla en situaciones de amenaza real para su vida. Antes de dilucidar esa cuestión urge amparar a los agentes policiales en su trabajo diario. Esta falta de respaldo se traduce en que un policía, antes de utilizar su arma reglamentaria, sopese las consecuencias judiciales y disciplinarias que un error en su uso, una decisión que debe tomar en décimas de segundo y en una situación de alto estrés, le pueda acarrear. Pongamos también como ejemplo de desamparo legislativo, la entrada de la Policía en un piso del barrio de Salamanca, en Madrid, por la que 6 agentes de la Policía Nacional están siendo investigados. Los policías procedieron a la detención de varias personas tras la reiterada negativa a identificarse y después de requerirles e informarles durante más de 20 minutos que en caso de persistir su actitud accederían al interior.
La Policía hace cumplir la ley y entra en el domicilio a consecuencia de un delito flagrante de desobediencia grave a raíz de la negativa a identificarse de los ocupantes. La investigación de los agentes supone difundir el erróneo menaje a la sociedad y a la propia Institución policial de que el que acceda a identificarse será denunciado y el que no lo haga no sufrirá consecuencia alguna, cuando no es así. Si los inquilinos hubiesen abierto la puerta, serían sancionados por vía administrativa, al perturbar el descanso durante tres días de los vecinos y por incumplimiento de la normativa sanitaria. En ese caso los funcionarios policiales no podrían entrar nunca al interior del inmueble. España es uno de los países más seguros del mundo y lo es gracias a la gran labor que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad realizan a diario. Para seguir presumiendo de Seguridad debemos respaldar legislativamente y judicialmente a nuestros hombres y mujeres de azul y verde.
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