El informe de fiscalización de las contrataciones de los servicios de seguridad privada llevadas a cabo por los ministerios del área de administración económica del Estado, y sus organismos dependientes, durante los ejercicios 2016 a 2019, deja en evidencia las políticas de igualdad que tanto defiende el Ejecutivo de Pedro Sánchez y el Ministerio de Igualdad de Irene Montero. Así, el informe del Tribunal de Cuentas dice que «en el 56% de los expedientes fiscalizados no se incluyeron, dentro de los criterios cualitativos de adjudicación, medidas para la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres».
Dichas medidas son las previstas en los artículos 33 y 34 de la Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de ejecución. En el caso del Artículo 34 se especifica que «anualmente, el Consejo de Ministros, a la vista de la evolución e impacto de las políticas de igualdad en el mercado laboral, determinará los contratos de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos que obligatoriamente deberán incluir entre sus condiciones de ejecución medidas tendentes a promover la igualdad efectiva entre mujeres y hombres en el mercado de trabajo, conforme a lo previsto en la legislación de contratos del sector público».
Sin embargo, el Gobierno de Pedro Sánchez no ha velado por cumplir la ley en los ministerios de Hacienda, Economía, Transportes, Industria, Agricultura, Transición Ecológica y Trabajo. Una ley que fue aprobada por un Ejecutivo socialista, en este caso el de José Luis Rodríguez Zapatero. Pero más allá del incumplimiento palmario de la legislación, es especialmente llamativo que el Ministerio de Igualdad de la ministra de Podemos Irene Montero no haya ni fiscalizado, ni mucho menos denunciado, la situación de las mujeres dentro de la seguridad privada que trabajan para ministerios económicos de su propio Gobierno.
El informe En el informe del Tribunal de Cuentas, a este respecto, se ha comprobado que no se establecieron medidas para la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres en los pliegos (PCAP) de diecinueve de los expedientes examinados, así como que «sólo se recogieron condiciones especiales de ejecución relacionadas con la igualdad de género en dos expedientes».
Con independencia de lo anterior, el órgano fiscalizador hace especial hincapié en un expediente. Aseveran que debe advertirse que en el contrato nº 6, de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, el cuadro de características del PCAP (en el desglose de los costes salariales del personal) distingue las dos categorías que de acuerdo con el pliego de prescripciones técnicas forman el equipo de recursos humanos propuesto, estableciendo exclusivamente el género “Hombres” para la categoría de “vigilantes de seguridad” y “Mujeres” para la categoría de “auxiliar de seguridad”. Esto, a juicio del Tribunal de Cuentas, «parece predeterminar dichos géneros para cada una de las categorías, lo que resultaría contrario al principio de igualdad entre hombres y mujeres en el trabajo».
Más irregularidades Pero más allá de los incumplimientos en materia de igualdad, las irregularidades detectadas en el informe del Tribunal de Cuentas van mucho más allá. Así, el informe dice que en un 68% de los expedientes fiscalizados, los criterios de adjudicación no se justificaron en función de las características del contrato, o se recurrió a justificaciones excesivamente genéricas .
En un 47% de los expedientes fiscalizados no consta la justificación de los criterios y requisitos mínimos de solvencia económica y financiera y de solvencia técnica o profesional elegidos. El Tribunal de Cuentas también advierte que en un 29% de los expedientes se han advertido distintos tipos de incumplimientos e incidencias producidos en la fase de valoración y adjudicación de los procedimientos abiertos, que pudieron afectar a los principios de objetividad, transparencia e igualdad de los licitadores que informan la contratación pública. La lista de infracciones es larga. De hecho, se han encontrado hasta 15 puntos de incumplimientos legislativos en los contratos de seguridad privada firmados por los ministerios de Hacienda, Economía, Transportes, Industria, Agricultura, Transición Ecológica y Trabajo.
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