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La decisión se aplica a delegaciones y subdelegaciones de Defensa y se aplicará a partir del 1 de enero. La contrata ha recaído en una empresa que ya ha ganado otras licitaciones.
El Ministerio de Defensa ha decidido prescindir de los servicios de la Guardia Civil para vigilar las delegaciones y subdelegaciones gestionadas por este departamento, y subcontratarlo a una empresa de seguridad privada. La decisión consta en un oficio interno, al que ha tenido acceso Vozpópuli, en el que se detallan las fechas y las condiciones del cambio asumido por la cartera que dirige Margarita Robles. Dicho oficio, fechado este mismo lunes, 14 de noviembre, aborda el "cese de la prestación del servicio de vigilancia por parte de los efectivos de la Guardia Civil" en dichos edificios del Ministerio de Defensa, en torno a los que se articula la "organización periférica" de este departamento. A través de las delegaciones y subdelegaciones, Defensa articula su presencia administrativa en buena parte del territorio nacional.
Al tratarse de edificios oficiales, las instalaciones cuentan con un despliegue de seguridad que, hasta la fecha, recaía en la Guardia Civil. Pero eso cambiará a partir del próximo 1 de enero de 2023, cuando se sustituyan los habituales agentes del Instituto Armado por miembros de una empresa de seguridad privada.
El oficio de Defensa Así consta en el oficio emitido desde la Subdirección General de Administración Periférica del Ministerio de Defensa, consultado por este diario. Según describe el documento, la decisión de prescindir de la Guardia Civil para el cumplimiento de estas funciones se abordó en una reunión de delegados de Defensa celebrada en La Coruña el pasado 26 de octubre. "Se informa que esta Subdirección General, en coordinación con la Unidad de Seguridad de la SDG de Régimen Interior, ha coordinado la prestación del servicio de seguridad privada a partir del 1 de enero de 2023 en las delegaciones y subdelegaciones de Defensa que se indican a continuación", reza el oficio.
A renglón seguido cita los edificios oficiales en los que no se contará con los agentes del Instituto Armado para desempeñar las labores de seguridad. El documento no detalla el precio por el que se ha adjudicado el contrato a la empresa privada ni las compañías que han concurrido en el concurso público.
La empresa adjudicataria El extremo que sí detalla el documento es que el servicio "será prestado por la empresa Grupo Sureste". Se trata de una compañía que tiene una división dedicada a la seguridad, tanto en espacios privados como en "centros públicos" y que es de sobra conocida por la Administración. En el año 2020, el Grupo Sureste informó de que el Ministerio de Defensa y la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos en España le habían adjudicado sendos contratos por valor de 65 y 3,3 millones de euros, respectivamente. En la cartera de clientes del Grupo Sureste -tal y como figura en la propia página web de la empresa- figuran otras instituciones oficiales, como la Junta de Andalucía, la Diputación de Badajoz, las Confederaciones Hidrográficas del Duero y del Segura, o los Ayuntamientos de Madrid y de Murcia, entre otros.
Según el documento remitido desde la Subdirección General de Administración Periférica de Defensa, el servicio licitado al Grupo Sureste tiene una duración de siete horas diarias, en un horario a proponer por la propia delegación o subdelegación donde se lleven a cabo las labores de seguridad. Aunque el contrato entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2023, la Guardia Civil o la Policía Nacional tendrán que dar su visto bueno a algunas de las instalaciones que tendrá que facilitar la empresa contratada.
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