El Gobierno ha enviado a los operadores públicos y privados de infraestructuras críticas una recomendación para que extremen la seguridad física de sus instalaciones en previsión de posibles sabotajes, confirman a este diario fuentes de la Seguridad del Estado. Ejecutivo instó la pasada semana a elevar la vigilancia de centros estratégicos, con especial preocupación en los del sector energético, en cuanto se tuvo constancia de que los dos gasoductos Nord Stream, que unen Rusia y Europa, habían sido objeto de algún tipo de atentado organizado y simultáneo en tres puntos diferentes de la conducción próximos a Dinamarca y Suecia.
Ya el pasado marzo, a raíz del inicio de la invasión militar rusa de Ucrania y por iniciativa del Departamento de Seguridad Nacional (dependiente de Moncloa), el Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas (CNPIC, dependiente de Interior) y el Centro Criptológico Nacional (CCN, órgano del CNI) ya enviaron a los directores de seguridad de infraestructuras críticas un amplio catálogo de medidas que debían tomar para blindarse ante posibles ciberataques, reforzando su seguridad virtual.
En esta ocasión se insta a aumentar la vigilancia de perímetros, accesos, aparcamientos, puntos observados por videocámaras y lugares de trabajo de contratas diferentes a la institución que opera la infraestructura. Los operadores de la seguridad física de estas instalaciones son, dependiendo de donde se encuentren, la Guardia Civil, la Policía Nacional, los Mossos d’Esquadra, la Ertzaintza y, en un porcentaje mayoritario, vigilantes de seguridad privada. La alerta no ha supuesto hasta ahora ninguna modificación en el despliegue de vigilancia de la Guardia Civil ni de la Armada, según fuentes de ambas instituciones militares.
FOCO EN INSTALACIONES ENERGÉTICAS En España están reconocidas como infraestructuras críticas más de 600 instalaciones de los sectores energéticos, suministro de agua, la Administración, las telecomunicaciones, los transportes o el sector financiero, entre otros, controlados por unos 250 operadores públicos y privados. Tras los presuntos sabotajes a los gasoductos, el foco se ha puesto en la seguridad de los centros estratégicos del sector energético español, desde las grandes plantas de generación eléctrica, las redes de transporte y de distribución de electricidad y de gas, o las plantas de regasificación del país.
España cuenta con una red de seis plantas de regasificación, las que sirven para recibir gas por barco, y que ahora han visto acrecentado su valor estratégico para el conjunto de la UE en plena crisis energética y por la amenaza a la continuidad del suministro de gas desde Rusia. Gracias a esta red en el mercado español se concentra un tercio de la capacidad de regasificación y más de un 40% del almacenamiento de GNL (gas natural licuado, el que llega por barco) de toda Europa, en un momento en que la seguridad de abastecimiento por los tubos procedentes de Rusia está comprometida.
La compañía Enagás gestiona las interconexiones internacionales de gas con Argelia, Francia y Portugal, también los almacenes subterráneos de gas y es el principal operador de regasificadoras del país, con el control total de cuatro plantas (Barcelona, Cartagena, Huelva y la no operativa de Gijón) y como accionista mayoritario de otras dos (Bilbao y Sagunto). La planta de regasificación de Mugardos, en A Coruña, está gestionada por el grupo Reganosa.
OBLIGADO CUMPLIMIENTO La advertencia articulada por el Ministerio del Interior no es una orden, pero resulta de cumplimiento obligado por cuanto el reglamento que desarrolla la Ley 8/2011, de Infraestructuras Críticas, manda a los llamados “operadores críticos” elaborar y ejecutar dos tipos de planes, de seguridad y de protección, que son específicos para cada instalación y han de adaptarse a las distintas coyunturas, so pena de perder la certificación de seguridad que, en parte, les habilita para operar. Los planes de seguridad de estos centros, así como otras características y organigramas, son materia incluida en el Catálogo Nacional de Infraestructuras Críticas, que es secreto.
Las fuentes consultadas niegan que la recomendación de la pasada semana vaya al hilo de otra, esta de la OTAN, remitida desde Bruselas la misma semana y en el mismo sentido. De hecho, el CNPIC no ha convocado reunión extraordinaria tras el supuesto sabotaje a los gasoductos del norte de Europa. La Mesa de Coordinación para la Protección de las Infraestructuras Críticas se reunió en Madrid la semana antes del sabotaje, confirman fuentes de Interior. La junta “se celebró dentro del calendario previsto”, indican, y no ha habido encuentros posteriores.
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