Tras la marcha de los dos individuos que se habían instalado en la antigua cárcel provincial, una vigilante se encarga de evitar nuevas intrusiones.
Fuentes policiales aseguran que lo que ocurrió el miércoles no fue un desalojo (para el que no existía una orden) sino que los okupas se marcharon por su propia voluntad a pesar de que se les permitió regresar al inmueble. En todo caso, la seguridad privada las 24 horas, una medida adoptada por la Subdelegación del Gobierno, no arroja más luz sobre el futuro del histórico inmueble, considerado Bien de Interés Cultural (BIC).
Tampoco lo hará el tapiado de los accesos que está previsto hacer en los próximos días. El inmueble pertenece a la Siepse (Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado), organismo dependiente del Ministerio del Interior y que mantiene un litigio con el Ayuntamiento, por el incumplimiento de este de un convenio.
Fuentes municipales recuerdan que en este momento la cárcel es de titularidad del Estado, que debe velar por la seguridad y conservación del edificio. Añaden que el inmueble podría haber sido ya municipal si los grupos, PP y BNG, hubieran aceptado la propuesta de acuerdo llevada a pleno y que suponía una notable reducción de costes para el ayuntamiento. La raíz del problema se encuentra en una sentencia del Tribunal Supremo que ordena al Gobierno local cumplir un convenio firmado con la Siepse cuando Francisco Vázquez era alcalde. El Ayuntamiento debía pagar 1,2 millones de euros por el edificio, pero la demora en el pago había generado intereses.
En efecto, la alcaldesa, Inés Rey, llevó el 28 de diciembre, llevó a pleno la propuesta de pagar 2,3 millones de euros al Estado para adquirir el inmueble, ahorrando más de 500.000 euros. La razón es que obliga al Ayuntamiento a afrontar el coste de la rehabilitación del edificio, que rondaría los 30 millones de euros. Fuentes municipales señalan que “por ese motivo el problema de la titularidad, que podía estar resuelto, no lo está, y mientras no se resuelva, el Ayuntamiento no puede tomar medidas más allá de exigir las necesarias medidas de seguridad”.
Allanamientos El edificio ha sufrido numerosos allanamientos a lo largo de los últimos años, y en algunos casos se han provocado incendios. El último okupa consiguió disuadir a los individuos marginales de acudir y estuvo haciendo campaña para conseguir llamar la atención sobre su estado de abandono. Pero no fue hasta que decidió abrir la prisión al público, cuando se convirtió en un problema. “Lo han visitado miles de personas, porque lleva abierto 40 días”, explicó Ricardo, el okupa, que asegura que se ha encargado de limpiar y cuidar el edificio. El miércoles, Bomberos lo examinó y su estructura está intacta, pero cabe posibilidad de accidente. Si la vieja cárcel es peligrosa, eso lo tendrá que decir un juez.
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