La cúpula del holding de seguridad fue detenida por sus presuntas maniobras para seguir accediendo a concursos públicos pese a sus deudas con la Seguridad Social
Cuando la justicia tarda, deja de ser justa. Este aforismo atribuido a Séneca parece describir lo ocurrido con la investigación judicial abierta en 2011 a la cúpula del grupo de seguridad Esabe por presuntas maniobras defraudatorias a la Seguridad Social, que acaba de ser archivada.
La total falta de medios para clasificar, analizar y peritar los 250.000 folios y dispositivos electrónicos incautados hace doce años en una operación policial contra diez directivos de la empresa, que por entonces prestaba sus servicios a numerosas consejerías de la Comunidad de Madrid, ha obligado a la juez instructora del caso a acordar el sobreseimiento de unas actuaciones abiertas por un presunto fraude de 30 millones de euros.
Se investigaban delitos contra la Seguridad Social e insolvencia punible si bien, y en coincidencia con la Fiscalía, la titular del Juzgado de instrucción núnero 37 Purificación Elisa Romero entiende que, transcurridos doce años desde la incoación de la causa sin que se haya podido determinar siquiera cuál es el importe de lo defraudado, lo procedente es la conclusión del procedimiento mediante su sobreseimiento provisional.
Vulneración derechos humanos En su petición ante el juzgado, el fiscal del caso llega a mencionar que mantener la imputación contra los directivos investigados en su día, dada la "debilidad indiciaria" a estas alturas del procedimiento, puede suponer incluso una vulneración de los derechos humanos. Durante los años en los que la justicia ha intentado que los peritos aparecieran para ordenar el ingente material incautado por la policía en la operación contra la empresa, depositado de forma desordenada en cajas, sin foliar ni ser analizado, la empresa ha desaparecido, sus empleados puestos en la calle e incluso por el camino ha fallecido algunos de los abogados contratados por los investigados, señalan a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA fuentes del caso.
La causa del archivo pivota sobre la inexistencia de un dictamen pericial que acredite con las suficientes garantías las maniobras defraudatorias que pudieren haber sido llevadas a cabo para la elusión del pago de cuotas a la Seguridad Social y conceptos de recaudación conjunta por parte de las empresas del holding entre los ejercicios 2008 y 2012. Para que hubiera delito, debía acreditarse también que el importe de lo defraudado superara los 120.000 euros por cada año natural.
Razones de ineficiencia La imposibilidad de llegar a conclusión alguna al respecto deriva, según señala la juez en el auto al que ha tenido acceso este diario, que tiene fecha del pasado 25 de julio, "de razones de eficacia, de oportunidad, de coste; y de eficiencia, a lo que ha de añadirse además el volumen de la documentación obtenida, que no se encuentra ordenada, ni clasificada, ni foliada". Unos meses después de incoarse las diligencias de investigación contra Esabe, la policía arrestó una decena de personas por supuestos delitos relacionados con la actividad de la compañía, se practicaron registros en varias sedes y también en los domicilios de los investigados, cuya consecuencia fue casi medio centenar de cajas y traslados en dos furgones policiales, según relataron entonces los medios de comunicación.
Ante la juez se personaron la Tesorería General de la Seguridad Social como y la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de la Unión Sindical Obrera (FTSP-USO). El sindicato sigue pidiendo que se prorroguen las pesquisas, si bien esta reclamación es rechazada por la instructora. En su auto, la juez lamenta a carencia de medios materiales y personales "a pesar de haber sido reiteradamente solicitados a la Comunidad de Madrid -competente en materia de Justicia- para llevar a cabo el escaneado y digitalización de toda la documentación intervenida en relación con el presente procedimiento para que, junto con los ordenadores y dispositivos electrónicos también intervenidos se emitiese el correspondiente informe pericial".
Caos en cajas Desde hace años la magistrada venía reclamando medios tras constatar que "por el Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social no se ha comunicado a este Juzgado si continúan o no vigentes las designaciones como peritos en auxilio judicial de los cuatro funcionarios de ese organismo, a los efectos de analizar la documentación y el material obrante en las actuaciones", según relata.
Desde el comienzo de las actuaciones, los folios se acumulan, según advirtió el fiscal del caso, "en numerosas cajas sin disponer de ningún tipo de orden o sistematización, por lo que se desconoce de manera concreta el contenido real de los mismos y el volumen de aquellos que puedan tener trascendencia para la causa o para el informe pericial solicitado". Lo mismo ocurre con la documentación contenida en los dispositivos electrónicos, "que no ha sido objeto de análisis y sistematización por nadie desde su incautación".
En teoría, dicha documentación pertenece a hasta 22 empresas del grupo investigado. "Sin estar diferenciada la correspondiente a unas u otras y, según lo indicado, se pretende la emisión de un informe pericial que permita determinar si las cantidades no declaradas (sin presentación de boletines) y adeudadas por aquellas, superan el umbral punitivo de 120.000 euros", lamenta el representante del Ministerio Público, que es incapaz de especificar por separado la deuda contraída por cada una de las mercantiles a que se refiere la investigación, ni individualizadamente por cada uno de los ejercicios 2008 a 2012.
"Por sorprendente que pueda resultar que en 2021 el Juzgado oficie a la Inspección para que le informe si se mantienen como peritos los inspectores designados en 2018, y que los inspectores comparezcan en 2023 para no aceptar el encargo y la Directora de la Inspección diez días después de la comparecencia, lo cierto es que la negativa a informar no carece de sentido desde el punto de vista de la eficacia y eficiencia en la gestión de los recursos públicos", añade en sus quejas.
La juez, por su parte, concluye que "el simple impago de cuotas de la Seguridad Social en la cuantía referida no íntegra la conducta delictiva". Se requiere para que el delito vigente en las fechas de los hechos, pueda cometerse por acción u omisión, "alguna conducta o maniobra defraudatoria y no el mero incumplimiento de deberes tributarios con la Seguridad Social", y esto es algo que la falta de peritaje no ha permitido comprobar.
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