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Gaylespol, la asociación de policías LGTBI+ que lleva más de una década realizando formaciones sobre delitos de odio, denuncia un “veto” por parte de la consejería en el desarrollo de la nueva normativa
El nuevo protocolo de la Consejería de Interior de la Generalitat de Cataluña para la prevención y detección de las situaciones de odio y discriminación en el ámbito de la seguridad privada ha levantado ampollas en el sector. Aunque las fuentes sindicales consultadas consideran que esta normativa es “necesaria”, pues sus trabajadores son quienes están en primera línea ante este problema creciente, denuncian que la nueva normativa no concreta ni las horas lectivas ni tampoco los materiales que se impartirán a los vigilantes de seguridad. Tampoco si los cursos serán presenciales o telemáticos.
Lo único que establece, según ha confirmado el propio conseller, Joan Ignasi Elena, es que los formadores de los vigilantes recibirán únicamente cinco horas de formación, dejando en manos de las academias la duración y los contenidos que se trasladen a los trabajadores del sector. Sergio Sánchez, portavoz de ADN Sindical seguridad y servicios de Cataluña, el sindicato mayoritario dentro del sector de la seguridad privada en Cataluña, insiste en que es fundamental que se fiscalicen tanto las unidades didácticas como el número de horas que se impartan a los trabajadores, pues en caso de que un vigilante realice una mala praxis se le podría condenar, como ya ha sucedido en el pasado. “El nuevo protocolo es necesario, pero deja muchas lagunas”. Por eso, este sindicato se abstuvo en la votación del protocolo.
La formación, en manos de las academias “Tampoco se ha concretado cómo se evaluará a los trabajadores que reciban este curso, porque también se deja en manos de las academias”, explica Sánchez. “Esto nos preocupa porque, aunque es una formación necesaria, no está bien perfilada”, añade el portavoz. Además, otras fuentes del sector consultadas han expresado que la duración de estos cursos, incluso para los formadores, es insuficiente: “Es solo para cubrir el expediente”.
Además, Gaylespol, la asociación de policías LGTBI+ que cuenta con una experiencia de 17 años en la realización de formaciones en diversidad de delitos de odio dirigidos a policías y seguridad privada, y que cuenta con el reconocimiento del Consejo de Europa, presentó una queja formal el pasado 1 de junio a la Consejería de Interior. Lo hizo tras tener conocimiento del desarrollo del protocolo, del que la asociación ha quedado excluida, pese a haber trabajado en varias ocasiones con la Dirección General de la Policía. “Desconocemos los motivos, pero no nos han invitado a ninguna de las reuniones, ni siquiera a la rueda de prensa”, confirma Manel Peinado, presidente de la entidad.
Gaylespol, al margen Interior tampoco ha respondido a la queja formal presentada por Gaylespol. Por eso, plantearán una reunión con diversos diputados en el Parlament para indagar en el motivo de lo que consideran un “veto”. “No entendemos esta forma de hacer, teniendo en cuenta que fuimos, con el Departamento de Interior y con la Dirección General de la Policía, quien impartió el pasado diciembre la formación de Delitos de Odio y Discriminación hacia el colectivo LGTBI+ del Consejo de Europa a policías”.
Sobre el planteamiento de este nuevo protocolo de Interior, que deja a elección de las academias el número de horas lectivas, precisan que las formaciones de Gaylespol tienen una duración mínima para policías de entre seis horas y dos días. Las dirigidas a la seguridad privada constan de 25 horas lectivas, entre el temario online --15 horas-- y presencial --de 10 horas--. “Cinco horas son insuficientes como para sensibilizar a los formadores sobre los colectivos especialmente vulnerables, porque solo con la normativa ese tiempo estaría más que consumido y el problema está en que sin la sensibilización no se llegará a detectar si una determinada situación responde a un delito de odio o no”, añade Peinado.
Interior alega no tener más competencias
A preguntas de este medio el conseller Joan Ignasi Elena ha aclarado durante la rueda de prensa que Interior solo tiene “capacidad y competencias para decidir las formaciones de los formadores, pero serán las academias quienes decidan cómo formar a sus profesionales”. Aun así, se compromete a hacer una evaluación y a revisar el protocolo en el próximo Consejo de Seguridad. “Nos encantaría tener más peso en la formación, pero las competencias son de ámbito estatal”. El conseller también ha precisado que será el Instituto de Seguridad Pública de Cataluña (ISPC) quien dará las cinco horas de curso a los formadores para que trasladen a los trabajadores cómo detectar situaciones de odio y discriminación, así como a actuar correctamente al respecto.
Las víctimas, en el centro La directora general de Administración de Seguridad, Sonia Aldoz, ha añadido que el protocolo se centra en la protección a las víctimas y que todas las empresas que lo deseen podrán adherirse. La normativa pretende sensibilizar a los vigilantes ante delitos o situaciones de odio y discriminación, independientemente de que tengan una derivada administrativa o penal. También ayudará a facilitar la detección de las situaciones por parte de los vigilantes de la seguridad privada y a determinar las acciones a seguir. Y mejorar la coordinación y cooperación entre seguridad pública y privada, así como la recogida de datos para contribuir a hacer una mejor cualificación de los hechos.
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