Los sindicatos SPV y CSIF nos reunimos en el día de ayer con la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social, Sra. Teresa Caipa Pérez, para trasladarle que la empresa Mersant Vigilancia S.L adeuda tres salarios (Enero y Febrero más la paga extraordinaria de Marzo que está al caer). En el encuentro, ambos sindicatos dejamos constancia de los graves perjuicios económicos y sociales que estas circunstancias están ocasionando en las vidas de los trabajadores afectados, una situación extrema que no puede sostenerse mucho más en el tiempo.
El objeto de la reunión, además de ponerles al tanto de la penosa situación por la que están atravesando los trabajadores de Mersant, era la de solicitarles formalmente la rescisión inmediata de los contratos suscrito por la Dirección Provincial de la Seguridad Social de Sevilla en sus distintas Administraciones con la citada mercantil Mersant Vigilancia S.L por incumplimiento grave de sus obligaciones y en referencia a la ley 9/2017 de 8 de noviembre de contratos del sector público, más concretamente a su artículo 211 apartado i.
La Directora General y el Secretario General Técnico, que asistió también a la cita, nos trasladaron que la tesorería había procedido a retener la facturación de este mes y así lo harán en las sucesivas ocasiones, ya que se les facilitó el aplazamiento de la deuda y se les expidió el debido certificado para liberar 2 millones de euros según Mersant y abonar a los trabajadores. Al incumplir con los pagos la administración han procedido a la retención de la facturación. Desde ambos sindicatos se le a instado a la aplicación de los artículos 130.6 y art 211 y que procedan con carácter de urgencia al pago directo a los trabajadores afectados.
Ambos altos cargos nos dejan muy claro que procederán a aplicarles el art 130.6 con sanciones y penalidades pero en absoluto van a proceder a la aplicación del art. 211 pues entienden que no es viable y no incumplen. Además, la Tesorería General de la Seguridad Social en Sevilla tiene pendiente un proceso judicial con la anterior adjudicación del contrato de seguridad pendiente de resolución y esperando la sentencia. Además, hasta en dos ocasiones se ha procedido a un contrato de urgencia y en ambas se ha quedado desierta. Han vuelto a publicar una tercera licitación que esperan haya algún licitador que se presente.
Procediendo así, entendemos que la tesorería no pone el empeño necesario en resolver esta cuestión, ya que su criterio nos lleva hasta el mes de julio, un panorama insostenible de aguantar para los trabajadores afectados debido a que las previsiones son que la adjudicataria del servicio de seguridad siga en su línea de impagos de salarios. La respuesta de la Directora General es que ellos no pueden hacer nada más... Nosotros creemos que sí hay otras formas más eficaces de actuar para proteger la actual situación de vulnerabilidad que padecen los trabajadores afectados. Les comentamos que en la Tesorería General de la Seguridad Social en Cádiz se ha iniciado los trámites para aplicar el art 211, pero los responsables de la provincia de Sevilla se escudan en que la situación no es la misma que en Cádiz, sin dar mayores explicaciones.
En la reunión también se les trasladó a los responsables de esta administración la situación de desamparo que están padeciendo los trabajadores ante la dirección de Mersant, pues en esta empresa ya no se atienden a las llamadas telefónicas ni a los correos electrónicos, igualmente no hay ninguna comunicación con los mandos operativos, con el riesgo que ello conlleva para el día a día de un servicio de seguridad. Desde la Tesorería de la Seguridad Social, corroboran está situación, pues nos confirmaron que ellos tampoco ellos tienen apenas comunicación en esta empresa.
Les comentamos igualmente que para todos es conocido que la empresa Mersant ha dejado de abonar facturas de la mutua Cesma por lo que ya no atienden a compañeros en situación de IT. En fin, un futuro nada halagüeño y muy desalentador, máxime cuando se acude al amparo de las administraciones para actúen de cortafuegos de una situación que es ya una auténtica emergencia social, y lo que nos encontramos es un total desinterés y una pasmosa pasividad.
Desde SPV y CSIF, tras finalizar esta decepcionante reunión con la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social, denunciamos públicamente la situación penosa por la que están pasando los vigilantes de seguridad que prestan servicio para esta administración. Los trabajadores se encuentran abandonados en un barco sin rumbo y sin salvavidas, se ahogan y la administración no hace sino mirar descaradamente para otro lado.
Nosotros sí que no vamos a mirar para otro lado:
Nos seguirán encontrando frente a las empresas piratas y a las administraciones que, sin ningún tipo de escrúpulos, se dedican a blanquear y dar cobertura a empresas que no cumplen con las más elementales normas laborales y sociales.
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