La Policía Nacional detiene a una mujer española, de 43 años, que se hacía pasar por vigilante de seguridad homologada.
Emplear a personas para estas tareas sin la adecuada acreditación conlleva sanciones que oscilan entre los 20.000 y los 100.000 euros.
Agentes de la Policía Nacional, han detenido a una mujer que prestaba servicios como vigilante de seguridad utilizando una tarjeta de identidad profesional (TIP) falsa y una placa igualmente falsa, bajo la acusación de los delitos de falsedad en documento público y usurpación de estado civil, sancionando también a la empresa contratante.
Fruto de las actuaciones encaminadas a reducir el intrusismo en el sector de la seguridad privada, como competencia exclusiva atribuida a la Policía Nacional, en aras de denunciar las irregularidades de empresas que proporcionan servicios de seguridad sin contar con las autorizaciones necesarias para prestarlos, por parte de la Unidad Territorial de Seguridad privada de la Comisaría Provincial de Alicante de la Policía Nacional, se tuvo conocimiento de una empresa que prestaba servicios en recintos públicos y urbanizaciones alejadas de núcleos urbanos fraudulentamente.
Las averiguaciones policiales, permitieron determinar que los efectivos de esta empresa, prestaban los servicios patrullando las calles con sus propios vehículos aderezados con escudos y anagramas simulando ser una empresa homologada. Además de ello, descubrieron que una de las personas que prestaba servicio para la empresa, lo hacía utilizando una tarjeta de identidad profesional (TIP) de vigilante de seguridad y una placa falsa, por lo que fue detenida acusada de los delitos de falsedad en documento público y usurpación de estado civil, dado que, la acreditación profesional fraudulenta, se trataba de una fotocopia en color de una tarjeta auténtica correspondiente a una persona que sí estaba habilitada como vigilante de seguridad, habiendo sustituido la fotografía.
En cuanto a la empresa infractora, fue denunciada por la comisión de tales infracciones, calificadas como muy graves en el ámbito de la ley de seguridad privada que las regula, por las que se enfrenta a una sanción que oscila entre los 30.000 y los 600.000 euros. La detenida sin antecedentes previos, de 47 años de edad y de nacionalidad española, fue puesta a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de la misma localidad.
Sanciones por contratación La Policía Nacional informa a los usuarios de servicios de seguridad que, contratar los servicios de empresas no homologadas para prestar estos servicios a sabiendas de ello, puede conllevar sanciones que oscilan entre los 20.000 y los 100.000 euros, así como que el fomento de servicios irregulares de esta naturaleza invade la esfera de derechos individuales de los ciudadanos que transitan por las vías o espacios públicos.
Así las cosas, hallados todos los elementos probatorios por la unidad investigadora, que permitieron comprobar y denunciar las irregularidades puestas de manifiesto por la empresa investigada, además de la detención de esta persona, los usuarios que habían contratado los servicios de esta empresa no homologada, fueron advertidos de que esta conducta puede conllevar una sanción que oscila entre los 20.000 y los 100.000 euros en caso de continuar con su contratación.
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