Un solo vigilante por turno ha de garantizar la seguridad en el área de la Estación Intermodal de Palma destinada al servicio de autobuses.
El Govern, a través de la Conselleria de Mobilitat i Habitatge, que dirige Marc Pons, optó en su momento por modificar el contrato de la prestación de vigilancia con el objetivo de abaratar el coste. Sin embargo, la consecuencia directa de este abaratamiento ha sido la reducción de efectivos en esta zona concreta de la estación, y el incremento de la sensación de inseguridad en el recinto.
Robos, amenazas, asaltos, trapicheos con drogas, sexo en los urinarios públicos... Éste es el día a día de la estación intermodal de Palma, que se ha convertido en uno de los focos de delincuencia e inseguridad más controvertidos de la capital balear, según denuncian los vigilantes privados que llevan a cabo su actividad laboral en este peligroso destino profesional.
A pesar de este panorama, el Govern, y en concreto la Conselleria de Mobilitat i Habitatge, que dirige el conseller socialista Marc Pons, ha reducido el número de efectivos de vigilancia destinados al área de la Intermodal que acoge la estación de autobuses. Así ha ocurrido desde el cambio de contratación impulsado en el servicio, que se ha aplicado exclusivamente a estas instalaciones, y no, en cambio, a las ferroviarias, ya que, de hecho, las empresas adjudicatarias son diferentes.
En efecto, el recinto de la Intermodal acoge dos grandes áreas de transporte colectivo: por una parte, la estación de trenes, gestionada por la empresa pública Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM); y, por otro lado, la terminal de transporte terrestre, dependiente del Consorci de Transports Públics (TIB). En ambos casos, la dirección política de los servicios está en manos de la Conselleria de Mobilitat i Habitatge, y, en línea descendente, de la dirección general de Mobilitat i Transport Públic, encabezada por Jaume Mateu. Por debajo de Mateu, se sitúan jerárquicamente los gerentes de SFM, Mateu Capellà, y TIB, Marteen van Bemmelen. Ambos ocuparon estos mismos cargos en la anterior legislatura 2015-2019.
Sin embargo, pese a la pertenencia a un mismo organigrama institucional y directivo, las gerencias de ambas ofertas de transporte público (trenes y autobuses) mantienen adjudicada la actividad de vigilancia privada a dos empresas diferentes. El problema reside, según los vigilantes privados consultados por mallorcadiario.com, en el hecho de que mientras en el área de trenes el número de efectivos destinados por cada turno de trabajo a garantizar la seguridad en el recinto oscila entre cuatro y cinco, en las instalaciones dependientes del Consorci de Transports los usuarios de los autobuses apenas cuentan con la protección de un vigilante por cada tramo horario.
MENOS DINERO PARA LA VIGILANCIA Los motivos por los que la Conselleria de Mobilitat i Habitatge decidió modificar la adjudicación del servicio de vigilancia tienen que ver, según estos profesionales, con la menor cuantía económica del contrato. Según afirman, al Govern "no parece importarle facilitar una prestación de baja calidad, y prácticamente en precario, si de esta manera puede ahorrarse un dinero". Para este colectivo, "es inaceptable la pretensión de cubrir todo un turno de trabajo de ocho horas con un único vigilante. Ni el profesional puede efectuar su tarea en unas condiciones mínimas de efectividad, ni el usuario de los autobuses se halla suficientemente protegido".
La situación también afecta, indirectamente, a los vigilantes destinados a la estación de trenes de la Intermodal de Palma. Dado que el número de efectivos destinados por el Govern a la estación de buses es claramente insuficiente, estos profesionales explican que sus compañeros "no tienen más remedio que venir a pedirnos apoyo cuando las cosas se ponen feas. Y nosotros se lo proporcionamos, desde luego, porque ante todo hemos de ser solidarios y protegernos los unos a los otros". No obstante, consideran que "las cosas no deberían ser así. El espacio reservado a los autobuses ha de disponer de los mismos recursos de vigilancia que el recinto ferroviario, porque los problemas de delincuencia e inseguridad afectan tanto a uno como a otro espacio".
El último ejemplo tuvo lugar hace pocos días. Los vigilantes de la estación ferroviaria tuvieron que auxiliar a una joven pasajera del autobús que cubre la línea entre Andratx y Palma que acababa de llegar a la Intermodal. Durante el trayecto, la chica se sintió atemorizada por otro usuario con el que había compartido itinerario. "Episodios como estos son muy habituales - afirman estos profesionales- Nos vemos obligados a actuar en sucesos que no ocurren en la zona que tenemos asignada".
PROTECCIÓN Y MEJORES CONDICIONES PARA LOS VIGILANTES Este incidente forma parte de la rutina diaria de este grupo de profesionales. Recientemente, una representación del colectivo se entrevistó con el entonces todavía delegado del Gobierno en las islas, Ramon Morey, para solicitarle medidas que les permitan realizar su trabajo en mejores condiciones.
De hecho, los vigilantes de seguridad privada constituyen uno de los sectores laborales más afectados por las agresiones y los ataques por parte de pasajeros que pretenden utilizar el servicio de transporte público sin abonar el correspondiente billete; indigentes que, además de pedir dinero a los usuarios que acuden a la Intermodal, les incomodan y les coaccionan, llegando a cometer, en ocasiones, pequeños hurtos; bandas callejeras que han convertido la estación en el centro neurálgico de sus actividades y constituyen una permanente amenaza para el orden y la convivencia del recinto; operaciones de venta y compra de drogas, y el sexo en los lavabos públicos, práctica expresamente prohibida por la normativa vigente y a la que los vigilantes deben permanecer también atentos.
MEDIO AÑO DE PRISIÓN POR AGREDIR A UN PROFESIONAL DE SEGURIDAD PRIVADA Para hacer frente a su difícil labor de garantizar la seguridad en uno de los puntos más concurridos de Palma, estos profesionales cuentan con pocos medios, y, además, no se hallan protegidos por un estatus que facilite la aplicación de medidas penalizadoras más contundentes contra quienes les agreden. Este fue uno de los requerimientos expuestos al delegado del Gobierno: la equiparación de las acciones coercitivas que se aplican en el caso de otros colectivos, como los médicos y los maestros. La diferencia resulta elocuente: al agresor de un vigilante privado puede caerle encima una pena de medio año de cárcel; al de un docente, unos cinco años.
A esta situación de desventaja cabe añadir las precarias condiciones económicas de estos trabajadores, cuyas retribuciones, en ocasiones, no llegan a los 1.200 euros mensuales, pagas extras incluidas. Para los vigilantes consultados por mallorcadiario.com "no se trata solo de exigir un mejor salario, sino también de reclamar que las empresas del sector demuestren con hechos que están dispuestas a apostar por el personal de seguridad que tienen contratado, dotándole de recursos y materiales más eficientes a la hora de garantizar su protección". Así se lo plantearon, de hecho, al ya exdelegado del Gobierno, con la expectativa de que la Administración presione a las empresas para materializar todas estas demandas.
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